ASIA/MYANMAR - ¿Hay esperanza para los rohingya?

lunes, 4 enero 2021 derechos humanos refugiados política ciudadanía rohingya

MYANMAR

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Yangon (Agencia Fides) - Hay esperanza en el nuevo año para el pueblo rohingya, una de las comunidades musulmanas más importantes de Myanmar, que no ha encontrado todavía ni ciudadanía, ni paz, ni hospitalidad. Para ellos, el Papa, en su viaje de 2017 a Myanmar, tuvo palabras de profunda compasión: «Pido perdón a los rohingya, hoy Dios también se llama así» mientras que, precisamente en ese año, se registró el gran éxodo de los rohingya a Bangladesh, donde los refugiados son ahora más de 850 mil, que llegaron en oleadas, la última de las cuales en el verano de 2017.
En las últimas semanas el gobierno de Dhaka ha comenzado a trasladar parte de los refugiados a la isla de Thengar Char (también llamada Bhasan Char), para aliviar la presión sobre los campos de refugiados en Cox's Bazar, donde actualmente están acampados. Mientras que en lo que se refiere a la repatriación hacia Myanmar, ya acordada por los dos gobiernos, esta nunca ha comenzado, salvo por algunas familias y quienes intentan regresar ilegalmente.
En los últimos meses, en Myanmar, la nueva gran victoria electoral de la “Liga Nacional para la Democracia” de Aung San Suu Kyi que, por primera vez, presentó a dos candidatos musulmanes que ahora son parlamentarios en las elecciones del pasado mes de noviembre, ha encendido una nueva luz de esperanza para esas poblaciones atormentadas. En la actualidad, los rohingya también sufren la explotación y la opresión de una mafia de traficantes de personas. Los traficantes prometen poner fin a la agonía para llegar a Malasia u otros “refugios seguros” pero muy a menudo terminan convertidos en esclavos.
Pero, ¿cuándo empezó todo esto y cuántos rohingya quedan ahora en Myanmar? Todo comenzó en 2012, cuando varios episodios de violencia comunitaria incendiaron Sittwe, la capital del estado birmano de Rakhine, donde viven al menos 80.000 rohingya, un tercio de los habitantes de la ciudad y aproximadamente una décima parte de toda la comunidad rohingya de Myanmar. La guerra entre pandillas, en el espacio de unos meses - como se puede comprobar en un informe de 2013 de la ONG “Pysichians for Human Rights” - terminó con un saldo de al menos 280 muertos, unas 135 mil personas desplazadas y la destrucción de más de 10 mil hogares, decenas de mezquitas, madrasas y monasterios en el estado de Rakhine.
Desde entonces, la tensión nunca ha disminuido y la intervención del ejército la ha exacerbado: en 2016 el ejército birmano lanzó una nueva ofensiva militar en el estado de Rakhine después de que un grupo armado de rohingya, el ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army), atacase algunos convoyes militares fronterizos del ejército birmano. La escalada culminó con la tragedia de 2017 en lo que los observadores llamaron una “limpieza étnica” por parte de los militares que dio lugar al desplazamiento de 700.000 civiles rohingya a Bangladesh, además de la muerte de cientos de personas y la destrucción de cientos de pueblos.
Según la información de la Agencia Fides, hoy en día sólo 4 mil rohingya viven en Sittwe, un 5% de los musulmanes que vivían en Sittwe. De este barrio-gueto musulmán, rodeado por los restos destruidos de las mezquitas de la ciudad que nunca han sido reconstruidas y vigiladas por la policía, no se puede entrar y salir. Lo mismo ocurre con una comunidad de alrededor de 130.000 personas desplazadas rohingya encerradas en una veintena de campamentos instalados principalmente en las afueras de Sittwe. Solo el personal birmano tiene acceso a él y, por lo tanto, el control de las condiciones psicológicas y de salud de los desplazados depende de la buena voluntad del ejército birmano, un verdadero guardián de los campos que una investigación reciente de “Human Rights Watch” ha definido como “centros de detención a cielo abierto”, donde los desplazados son “detenidos arbitraria e indefinidamente”. En estas estructuras, señala la ONG, la vida de los rohingya es la de quienes viven “bajo arresto domiciliario”. “Se les niega la libertad de movimiento, la dignidad, el empleo y la educación” y viven “sin un suministro adecuado de alimentos, agua, atención médica o servicios higiénico-sanitarios”.
(MG-PA) (Agencia Fides 4/1/2021)