AICU Kerala
Mangalore (Agencia Fides) – Las llamadas «leyes anticonversión», vigentes en 12 estados indios, representan «una herida para la democracia india, una ofensa a la ética nacional, a la libertad de culto, de conciencia y de expresión». Por ello, en varios estados han sido impugnadas ante el Tribunal Supremo, por ser consideradas «inconstitucionales». Así lo denuncia la All India Catholic Union (AICU), el mayor movimiento de laicos católicos de la India y de toda Asia, que en su asamblea general celebrada en Mangalore ha expresado su preocupación por las crecientes dificultades y hostilidad hacia los cristianos, basadas en estas controvertidas normas.
Según la AICU, organización fundada hace 106 años y actualmente presidida por Elias Vaz, estas medidas «reducen los espacios de libertad, coartan las conciencias y subordinan a la aprobación de un magistrado la elección de la propia fe». Además, son instrumentalizadas por grupos nacionalistas hindúes «para criminalizar a las comunidades no hindúes, en particular a las minorías religiosas cristianas y musulmanas, a los dalits (descastados) y a los pueblos indígenas».
Rechazando las campañas de odio y hostilidad contra las minorías religiosas, la asamblea general de la AICU se ha abierto con el Bandhutva, una sesión de diálogo interreligioso sobre la compasión, en la que representantes de diferentes credos han relacionado el espíritu de la Madre Teresa con el de Mahatma Gandhi. La asamblea ha contado con la participación de unos 150 delegados de todo el país, que también han trabajado sobre la «gestión de crisis», es decir, los pasos a seguir frente a agresiones, actos de violencia o controversias.
La AICU ha recordado que actualmente rigen leyes restrictivas o prohibitivas de la conversión religiosa en los estados de Rajastán (desde 2025), Karnataka y Haryana (2022), Madhya Pradesh, Uttar Pradesh y Gujarat (2021), Himachal Pradesh (2019), Uttarakhand (2018), Jharkhand (2017), Chhattisgarh (2006), Arunachal Pradesh (1978) y Odisha (1967).
John Dayal, periodista, analista y miembro de la AICU, explica a Fides: «Desde que el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP) llegó al poder en 2014, muchos estados han introducido nuevas leyes que penalizan las conversiones religiosas o han endurecido la legislación existente. Estas leyes se basan en la creencia errónea de que las minorías religiosas representan una amenaza para la identidad y la unidad de la nación».
Dayal añade que esta postura está ligada al «espectro demográfico» agitado por los grupos nacionalistas, según el cual «el supuesto rápido crecimiento de las comunidades no hindúes podría sustituir a los hindúes como mayoría cultural, social, religiosa y política del país».
Si bien algunas leyes anticonversión existían desde finales de los años sesenta, «se han multiplicado y endurecido en la última década», señala Dayal, en estados como Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh y Uttarakhand. «Son todos territorios donde el nacionalismo hindú está profundamente arraigado, tanto en el Gobierno como en la sociedad civil», precisa el periodista.
El proyecto aprobado en 2025 en Rajastán por el Gobierno del BJP considera ilegal y nula una conversión realizada mediante «falsa declaración, fuerza, influencia indebida, coacción, engaño o cualquier medio fraudulento, incluido el matrimonio». «El uso de términos ambiguos como “engatusamiento” permite interpretar casi cualquier conversión como “ilegal” de alguna forma, restringiendo de hecho la libre elección personal», observa Dayal.
Además, estas leyes parten de la presunción de que toda conversión religiosa es ilegal hasta que se demuestre lo contrario, trasladando la carga de la prueba a la «persona que desea cambiar de fe», que debe acreditar que no hubo fraude, coacción o engaño. Las penas son más severas cuando la conversión afecta a dalits, adivasis (indígenas), mujeres o niños, grupos a los que el nacionalismo hindú considera «fácilmente adoctrinables» y esenciales para construir la deseada «mayoría hindú» en la India.
Ante este panorama, la AICU ha reafirmado su compromiso de proteger los derechos y libertades de fe y conciencia de todas las personas en el país.
(PA) (Agencia Fides 24/9/2025)
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