ASIA/INDONESIA - La “Ley Ómnibus” que reorganiza el mercado laboral ha sido impugnada: “No era el momento adecuado para votarla”

Yacarta (Agencia Fides) - “El problema de la Ley Ómnibus es sobre todo el de haber decidido votarla en un momento inoportuno, sin un debate público más profundo y sin una amplia implicación de la sociedad civil”. Con estas palabras el p. Ignatius Ismartono SJ, director de “Sahabat Insan”, organismo jesuita indonesio que se ocupa de los trabajadores migrantes y las víctimas de la trata de personas, comenta a la Agencia Fides las manifestaciones que atraviesan el archipiélago indonesio desde hace unos días. Miles de manifestantes han salido a las calles para impugnar, en algunos casos incluso violentamente, la llamada “Ley Ómnibus”, una importante ley, aprobada apresuradamente el pasado lunes, que tiene como objetivo reformar el mercado laboral, la burocracia y las reglas de las inversiones extranjeras. Desde hace algún tiempo, la medida estaba en la mira de los críticos y especialmente de los sindicatos y anticipar la votación en el Parlamento ha hecho que la situación sea más tensa. La rapidez de la aprobación, sin un debate público en profundidad ni en la sala del tribunal, ha generado una protesta generalizada. “Una Ley Ómnibus, es decir, destinada a todos - prosigue el padre Ismartono - sólo puede funcionar bien si el contenido es entendido bien no solo por los políticos sino por la gente. Esto es muy complicado en tiempos de emergencia como estos, caracterizados por el Covid-19. Estas leyes generales solo funcionan si existe un buen entendimiento y un buen intercambio de la base de los trabajadores, la aplicación adecuada de las reglas democráticas y si los trabajadores no se sienten amenazados. Las manifestaciones de los últimos días han demostrado que no era el momento ni el camino correcto”.
Aprobada en el Parlamento gracias a los votos de siete de los nueve partidos, la Ley Ómnibus se impugna sobre todo en dos frentes: el retroceso de los derechos y logros de los trabajadores y la excesiva elasticidad de los estándares de protección ambiental para quienes invierten. Para el presidente Joko Widodo, esta es una ley que reorganiza y simplifica la burocracia estatal y que también atraerá inversiones, creando millones de empleos. Pero, tras la aprobación, los sindicatos han puesto en marcha su amenaza: tres días de huelga, a pesar del Covid (Indonesia tiene más de 300 mil casos y más de 11 mil víctimas), que con frecuencia han degenerado en enfrentamientos con la policía con un trágico balance de heridos, autos incendiados y cientos de arrestos.
La “Ley Ómnibus” modifica 79 leyes laborales y apunta a incrementar la eficiencia de la maquina estatal y la capacidad productiva del país. También quiere favorecer a las empresas extranjeras que buscan nuevos mercados que, gracias a la ley, también podrán tener cuotas más altas de trabajadores no indonesios. El proyecto agiliza la burocracia, pero parece favorecer más a los que invierten y no a los que trabajan. Además, muchas regulaciones ambientales restrictivas se han relajado: las empresas están obligadas a presentar un análisis de impacto ambiental solo si el proyecto se considera de “alto riesgo”. Los sindicatos han criticado fuertemente la abolición del salario mínimo sectorial, a favor de los mínimos establecidos por los gobernadores regionales, y la reducción de la indemnización, aunque se prevé la creación de un fondo estatal de apoyo a los despedidos. Las horas extraordinarias aumentan y los días libres durante la semana se reducen de dos a una. La Confederation of All Indonesian Workers Unions “Confederación de Todos los Sindicatos de Trabajadores de Indonesia Unidos) (unos 5 millones de adherentes) tiene la intención de llevar el caso al Tribunal Constitucional, con la esperanza de que el ejecutivo dé marcha atrás y reabra el proceso de ratificación de la ley a enmiendas que mejoren su estructura.
(MG-PA) (Agencia Fides 10/10/2020)

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