AMÉRICA/VENEZUELA - La Comisión Nacional Justicia y Paz: “trabajar por la paz, la reconciliación, el respeto de la dignidad humana, el entendimiento entre todos, el destierro de la violencia y el odio, y abrir espacios para la convivencia sin distinción ni reservas”

Caracas (Agencia Fides) – “Rechazamos cualquier intento por parte de las autoridades de criminalizar a quienes ejercen el derecho ciudadano a la manifestación, establecida en el artículo 68 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela”. Estas palabras se encuentran en el comunicado difundido el 14 de septiembre por la Comisión Nacional Justicia y Paz a raíz de los arrestos de algunos manifestantes involucrados en las protestas contra el gobierno, registradas a fines de agosto. El texto, titulado “por el respeto a los derechos humanos”, lleva la firma del Presidente de la Comisión Justicia y Paz y el Vice Presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), Mons. Roberto Luckert León.
Los Obispos se mostraron preocupados por el hecho de que “en los más recientes procedimientos judiciales contra personas a quienes se les ha detenido en el contexto de protestas o manifestaciones públicas, el Estado ha vuelto a la práctica de la detención preventiva”. Este tipo de acciones “nos retrotraen a etapas que creíamos felizmente superadas con la adopción del Código Orgánico Procesal Penal”, sucedida en 1998, con la cual se abrió paso a principios como la “presunción de la inocencia hasta la plena demostración judicial de la culpabilidad”.
Hoy, en cambio, según la denuncia de la Comisión Nacional Justicia y Paz, “personas que ejercen el derecho a la reunión y a la expresión del pensamiento” son sometidas a procesos penales “por delitos penales de suma gravedad como la rebelión civil, el agavillamiento, la instigación a la violencia y a la delincuencia” y son encarcelados en estructuras penitenciarias comunes “en los cuales no existe clasificación entre procesados y sentenciados” y faltan “ garantías de respeto a la integridad física y a la vida de las personas detenidas”.
“Denunciamos y repudiamos todo tipo de atentado contra la dignidad de la persona humana – escribieron los Obispos –y contra el honorable trabajo de organizaciones que por años han trabajado en la defensa de los derechos humanos”, ahora víctimas de “difamaciones y ataques tanto orales como escritos”.
Los signatarios del comunicado invitaron al Estado venezolano a respetar “los estándares de protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República”, cumpliendo así su “misión de salvaguardar el principio fundamental de la independencia de los poderes públicos”. A los ciudadanos se les pide “denunciar a las autoridades competentes cualquier tipo de anomalía surgida, recordando que el camino para fortalecer la democracia es institucional”. Además es fundamental “trabajar por la paz, la reconciliación, el respeto de la dignidad humana, el entendimiento entre todos, el destierro de la violencia y el odio, y abrir espacios para la convivencia sin distinción ni reservas”, concluyen los Obispos de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de Venezuela (GT) (Agencia Fides 16/9/2009)