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Nairobi (Agencia Fides)- Las disputas de confín; la inseguridad por la criminalidad; la inseguridad alimenticia; daños ambientales; la situación de los refugiados internos; la justicia para la violencia política del 2007/2008; la adopción de los consejos propuestos por las diversas comisiones que han investigado sobre la violencia; la impunidad y la corrupción; la reforma de la Constitución. Son estos los problemas por los cuales los miembros de la Comisión “Justicia y Paz” de todas las diócesis de Kenia afirman “estar extremadamente preocupados”.
La alarma fue lanzada en la declaración final del encuentro anual de las Comisiones “Justicia y Paz” de las diócesis kenianas, realizado del 6 al 10 de septiembre. En el documento, enviado a Agencia Fides, se afirma con preocupación “el notable incremento de los conflictos de frontera en Kenia, particularmente con Somalia, Sudán, Etiopía y Uganda. Esto es preocupante, porque un estado que no es capaz de proteger a sus ciudadanos y su soberanía es un estado fracasado. Un estado así no inspira confianza a los propios ciudadanos”.
Otro problema es el fuerte incremento de los crímenes violentos y el uso político de la violencia, sobre todo tras las criticadas elecciones presidenciales de fin de diciembre del 2007, que provocaron desórdenes en los primeros meses del 2008. “La violencia organizada ha destruido la identidad africana. Esto sucede mediante la instigación y la explotación por parte de la élite política”, afirma el documento.
En cuanto se refiere a la seguridad alimenticia, en el documento se solicita a los agricultores adoptar métodos aptos y se pide al gobierno que ayuda a estos con subsidios. Se pide además iniciar la constitución de obras hídricas, sobre todo para llevar agua a las zonas áridas. La problemática agrícola está además relacionada con la ambiental. Los representantes de “Justicia y Paz” destacan como “la invasión no reglamentada de cuencas hidrográficas ha traído graves daños para el país. Ríos, lagos, represas y otras fuentes de agua están secas, el alimento es escaso, se debe racionalizar la energía eléctrica, la desertificación está en aumento y los sistemas de irrigación están en peligro”. Se solicita al gobierno iniciar la reforestación del bosque destruido y transferir (ofreciendo habitaciones adecuadas) a aquellas poblaciones que ahí viven.
En el documento se solicita al gobierno encontrar una solución definitiva para los cientos de miles de personas que aún viven en los campos para refugiados, tras haber escapado de sus casas a causa de las violencias de los primeros meses del 2008.
“Como Iglesia estamos llamados a ser la voz de los sin voz, y ser solidarios con los oprimidos. La Doctrina Social de la Iglesia se hace juez y defensora de los derechos violados y no reconocidos, en particular de aquellos de los pobres, de los últimos y de los débiles”, concluye el documento. (L.M.) (Agencia Fides 16/9/2009; líneas 34, palabras 481)
