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Lahore (Agencia Fides) - Aumentar el estándar del respeto a los derechos humanos en el país a nivel político, económico, social y cultural: es el pedido de la Comisión Nacional “Justicia y Paz”, de la Conferencia Episcopal de Pakistán, que se ha dirigido al gobierno con un comunicado firmado por el Secretario ejecutivo Peter Jacob y por S. E. Mons. Lawrence Saldanha, Presidente de la Comisión y también de la Conferencia Episcopal de Pakistán. El documento solicita al nuevo gobierno establecer un auténtico “estado de derecho” en la nación, evitando abusos y violaciones de la dignidad y de los derechos inalienables de todo ciudadano, de cualquier raza, lengua o comunidad religiosa a la que pertenezca.
“El mandato conferido al presente gobierno por el pueblo de Pakistán refleja claramente el deseo de un sistema basado en la equidad y la igualdad de los ciudadanos, más allá de la clase social, el color o el credo, y en sintonía con la visión del padre de la patria Ali Jinnah”, afirma el comunicado.
La Comisión acoge favorablemente el discurso inaugural del nuevo Premier Yousaf Raza Villani, pero pone de relieve la cuestión de la intolerancia y de la discriminación presentes en la sociedad: leyes, normas y reglamentos merecen una atención particular para hacer que el extremismo religioso no permanezca fuera de control, sino que sea combatido y eliminado. Por ello la Comisión pide al nuevo gobierno “eliminar las discriminaciones y los prejuicios que existen en la política de la instrucción pública” y garantizar la igualdad de oportunidades en el desarrollo económico, social y ocupacional a comunidades que con frecuencia son víctimas de la marginalización.
“El estado debe observar el estándar internacional para los derechos humanos”, pide la Comisión, ratificando la Convención Internacional ONU sobre Derechos políticos y civiles, además de aquella sobre los Derechos económicos, sociales y culturales. Son los desafíos que la comunidad católica señala al nuevo gobierno, reafirmando su función de sensibilizar las conciencias en la sociedad civil.
Precisamente a este respecto, en los días pasados, la Comisión “Justicia y Paz”, registrada en Pakistán como ONG, recibió de parte de una oficina del gobierno una acción intimidatoria que la conminaba a no difundir una publicación titulada “Pakistán, tierra del apartheid religioso y de la justicia represiva”, editada por el “Asian Centre for Human Rights” (ACHR) con sede en Nueva Delhi. La Comisión respondió que no posee ni promueve la difusión de copia alguna de dicha publicación, aun reconociendo a la ACHR como una organización no gubernamental creíble y confiable. (PA) (Agencia Fides 7/4/2008; líneas 34, palabras 436)
