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© UNICEF/Royena Rasnat
Kuala Lumpur (Agencia Fides) – El posible retorno de los rohinyás a Myanmar vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda internacional. En Malasia, el 29 de septiembre comenzó una primera operación para devolver a unos 1.500 ciudadanos de Myanmar, dentro de un programa que podría llegar a afectar a 5.000 personas. En Bangladesh, en cambio, donde viven más de 1,2 millones de rohinyás que huyeron en su mayoría de la antigua Birmania tras la represión militar de 2017, el regreso sigue lejos de ser una realidad: las Naciones Unidas consideran que en el estado de Rakhine todavía no existen las condiciones necesarias para un retorno voluntario, seguro, digno y sostenible.
El punto de partida es el derecho de los rohinyás a regresar a su tierra, pero los dos países que los acogen han optado por vías diferentes. Malasia ha apostado por un acuerdo bilateral con el Gobierno de Myanmar y presenta los retornos como «voluntarios». Bangladesh, por su parte, insiste en que antes deben crearse las condiciones políticas, jurídicas y de seguridad que permitan un regreso real y duradero.
Kuala Lumpur organizó el traslado de 1.476 ciudadanos de Myanmar, que partieron el 29 de septiembre a bordo de dos barcos de la Marina de Myanmar, acompañados por un buque hospital. Las personas que regresaron habían sido identificadas por las autoridades de Myanmar. El Gobierno birmano ha precisado que la operación afecta a ciudadanos cuya nacionalidad ha sido verificada y no necesariamente a los rohinyás, muchos de los cuales carecen de ciudadanía de Myanmar. El plan más amplio acordado entre Kuala Lumpur y Naypyidaw contempla el posible retorno de 5.000 rohinyás, aunque no se conoce con precisión la composición de los grupos ni las condiciones en las que se llevaría a cabo la repatriación.
La decisión de Malasia responde también a una situación interna cada vez más compleja. El país acoge a unos 200.000 refugiados registrados procedentes de Myanmar, entre ellos un número muy elevado de rohinyás. Sin embargo, Malasia no ha firmado la Convención de Ginebra de 1951 y carece de un sistema nacional para reconocer oficialmente el «estatuto de refugiado».
En este contexto, el primer ministro Anwar Ibrahim ha optado por implicarse directamente con las autoridades birmanas en la organización del retorno de los refugiados, una decisión que ha suscitado críticas. Más de 160 organizaciones de la sociedad civil han pedido que se detengan las deportaciones de rohinyás, ante el riesgo de que quienes sean enviados de vuelta queden nuevamente expuestos a la violencia o al reclutamiento forzoso. También el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha señalado que no participa en la operación y ha reiterado que Myanmar no ofrece actualmente «condiciones adecuadas» para garantizar un regreso seguro.
La situación es distinta en Bangladesh. En los campos de Cox's Bazar viven casi 1,2 millones de rohinyás, después de nueve años de exilio. ACNUR advierte de que toda una generación está creciendo en los campamentos y que todavía no se dan las condiciones para un retorno voluntario, seguro, digno y sostenible.
El primer ministro bangladesí Tarique Rahman presentó el 23 de septiembre ante las Naciones Unidas un plan de cinco puntos que contempla una hoja de ruta creíble para el retorno voluntario; el fin de la violencia en el estado de Rakhine; una financiación humanitaria acordada; una mayor responsabilidad de la comunidad internacional; y una cooperación regional para combatir la trata de personas, el tráfico de armas y las redes criminales.
Dacca sigue insistiendo en que la crisis tiene su origen en Myanmar y que, por tanto, la solución debe encontrarse también allí. Al mismo tiempo, pide a la comunidad internacional que no deje solo a Bangladesh ante la responsabilidad de atender a una población que, después de casi una década, continúa dependiendo en gran medida de la ayuda humanitaria.
El principal obstáculo para el retorno sigue siendo la situación en el estado de Rakhine, de donde procede la mayoría de los rohinyás refugiados en Bangladesh. La región se ha convertido en uno de los principales escenarios de la guerra civil birmana, con enfrentamientos entre el ejército de Myanmar y el Arakan Army, que ha conquistado parte del oeste de Rakhine y controla ya casi todas las zonas en las que vivían los rohinyás. El Gobierno central de Myanmar puede negociar el reconocimiento de la ciudadanía y la situación jurídica de quienes regresen, pero no ejerce un control efectivo sobre todo el territorio al que estas personas deberían volver. En estas condiciones, un retorno masivo resulta difícilmente compatible con los criterios establecidos por las Naciones Unidas.
A ello se suma la cuestión de la ciudadanía. La ley birmana de 1982 dejó sin nacionalidad a la gran mayoría de los rohinyás, con todas las consecuencias que ello implica en cuanto a su situación jurídica, libertad de movimiento y acceso a derechos fundamentales. Por esta razón, ACNUR sigue señalando algunas condiciones indispensables para que el retorno sea sostenible: seguridad, libertad de circulación, acceso a los servicios esenciales, posibilidades de ganarse la vida y un proceso que conduzca al reconocimiento de la ciudadanía.
Otro foco de tensión está relacionado con la justicia internacional. Bangladesh respalda el procedimiento iniciado por Gambia ante la Corte Internacional de Justicia por las «presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio» cometidas por el Gobierno de Myanmar. Al mismo tiempo, la Corte Penal Internacional estudia la posible responsabilidad individual por presuntos crímenes contra la humanidad.
Las autoridades birmanas sostienen actualmente que la existencia de estos procedimientos dificulta la búsqueda de una solución. Bangladesh, en cambio, considera que el retorno de los refugiados y el esclarecimiento de las responsabilidades son cuestiones diferentes.
El procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia se refiere a la posible responsabilidad del Estado de Myanmar, mientras que el proceso ante la Corte Penal Internacional examina la eventual responsabilidad penal de personas concretas.
La crisis de los rohinyás en el sudeste asiático muestra dos vías diferentes para abordar una posible solución: Malasia apuesta por el diálogo directo y por un retorno gradual, implicando bilateralmente a las autoridades de Myanmar. Bangladesh reclama, en cambio, un proceso político más amplio, en el que el regreso vaya acompañado del fin de la violencia, garantías jurídicas, financiación humanitaria y la participación de organismos internacionales.
(PA) (Agencia Fides 3/10/2026)
