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Nueva Delhi (Agencia Fides) – Los católicos indios, por invitación de la Conferencia Episcopal de la India (CBCI), celebrarán el 28 de junio de 2026 una Jornada nacional de oración para la protección de las obras sociales y caritativas, que están en riesgo debido a un nuevo proyecto de ley sobre la Regulación de las Contribuciones Extranjeras (Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026, FCRA). La ley, que debería debatirse y votarse en el Parlamento durante la sesión de verano (del 21 de junio al 21 de agosto), ha generado preocupación por su impacto en las actividades caritativas, educativas, sanitarias y sociales gestionadas por instituciones cristianas y no cristianas.
“La Iglesia en la India siempre ha servido a la sociedad, especialmente a los pobres y marginados, como expresión de los valores evangélicos de amor, justicia y compasión”, escribe el cardenal Anthony Poola, arzobispo de Hyderabad y presidente de la CBCI, en una carta en la que anima a las parroquias a organizar celebraciones de oración y ayuno. Las diócesis y comunidades también están preparando un “Memorándum” para presentarlo al gobierno central, recogiendo firmas de fieles y de “todas las personas de buena voluntad”, para expresar sus preocupaciones y señalar los posibles efectos negativos del proyecto de ley.
El “Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill 2026”, proyecto presentado por el gobierno federal del Bharatiya Janata Party (BJP), es una normativa estricta que podría poner en crisis a muchas organizaciones y asociaciones benéficas: el gobierno, de hecho, podría desviar el destino de fondos destinados a obras sociales para utilizarlos en sus propios fines, señala a la Agencia el padre Cedric Prakash SJ, escritor y editorialista indio con sede en Gujarat, explicando la oposición de amplios sectores de la sociedad civil y de las comunidades religiosas.
El proyecto modifica e integra el marco normativo del Foreign Contribution Regulation Act de 2010, la ley ya existente que regula la recepción y el uso de fondos procedentes del extranjero por parte de ONG, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin fines de lucro. El nuevo documento fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2026 y presentado en la Lok Sabha (Cámara baja del Parlamento federal) el 25 de marzo de 2026 para su debate y aprobación.
Según el gobierno, el proyecto busca subsanar lagunas legales en la gestión de bienes creados mediante fondos extranjeros y simplificar la responsabilidad de los funcionarios de las ONG. El aspecto más controvertido es la creación de una nueva “Autoridad designada” que será nombrada por el Gobierno central. Esta autoridad podrá asumir el control provisional o permanente de los fondos y bienes extranjeros (incluidos edificios, escuelas, hospitales y otras infraestructuras creadas total o parcialmente con fondos externos) en caso de que la inscripción de una organización sea cancelada, suspendida, considerada inválida, cesada o vencida. Según el texto, esta autoridad tendrá el poder de supervisar, administrar y disponer de dichos bienes, utilizándolos para fines públicos no especificados. Además, si la inscripción de una organización se restableciera posteriormente, los fondos y bienes no serían devueltos a las organizaciones que los habían recibido, advierte el padre Prakash.
Todo el espectro de los partidos de oposición ha pedido el retiro del proyecto de ley. Durante el debate -que ha generado numerosos comentarios en los medios indios- algunos analistas han señalado posibles problemas de inconstitucionalidad, ya que la Constitución india establece que el Estado solo puede adquirir propiedad privada mediante una ley adecuada, para un fin público y con una compensación justa.
El texto ha suscitado el rechazo de intelectuales, académicos, líderes y operadores de ONG, responsables religiosos y miembros de la sociedad civil. El debate en la sociedad india ha involucrado también a las comunidades religiosas, entre ellas la Iglesia católica. Muchas instituciones católicas y congregaciones religiosas reciben fondos del exterior o a través de organizaciones del “tercer sector”. El gobierno del BJP, liderado por Narendra Modi, ha aplazado el debate y la votación en la Lok Sabha debido a las tensiones políticas y las críticas de la oposición, y ha suspendido la discusión. Actualmente el proyecto sigue pendiente en el Parlamento, aunque no ha sido retirado, y podría volver a ser incluido en la agenda de la sesión de verano.
El jesuita indio señala: “Las actuales normas de la FCRA ya son extremadamente estrictas y prevén numerosos controles; no hay necesidad de endurecerlas. En el pasado, el gobierno ya ha suspendido o revocado el registro FCRA de varias ONG dedicadas al servicio social, muchas de ellas pertenecientes a comunidades minoritarias”.
“Las nuevas disposiciones -observa el religioso- representan una herida para las numerosas obras realizadas por el bien común y el desarrollo social, como la asistencia sanitaria, la educación, el desarrollo comunitario, el empoderamiento de las mujeres, la protección de la infancia, la lucha contra la trata de personas, la respuesta a catástrofes, el socorro y la rehabilitación. Si esta normativa entra en vigor, millones de beneficiarios se verán afectados”.
Además, recuerda el padre Prakash: “Los pobres y marginados, las víctimas de desastres naturales, los discapacitados, los indigentes y los moribundos, así como otros sectores vulnerables de la sociedad, hoy reciben ayuda para vivir con mayor dignidad gracias al trabajo del ‘tercer sector’. Como ciudadanos indios, cristianos y no cristianos, pedimos la retirada total de esta ley”.
(PA) (Agencia Fides 19/6/2026)
