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Manila (Agencia Fides) - El procedimiento de impeachment contra la vicepresidenta Sara Duterte es “una prueba democrática de responsabilidad” y no una “persecución política”, ha subrayado el obispo José Colin Bagaforo, obispo de Kidapawan y coordinador del “Consejo interreligioso de líderes para la transformación nacional”, una red que reúne representantes de comunidades eclesiales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, sindicatos y movimientos estudiantiles que, desde el año pasado, sensibiliza a la opinión pública mediante marchas e iniciativas a nivel nacional sobre el problema de la corrupción, una lacra que afecta al país.
La Cámara de Representantes ha aprobado por segunda vez -tras el primer procedimiento iniciado en 2025- la acusación formal contra la vicepresidenta Sara Duterte, reabriendo los cargos de corrupción, concusión, uso de sobornos, enriquecimiento ilícito, uso indebido de fondos públicos, así como amenazas contra la vida del actual presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. Los parlamentarios de la Cámara baja han votado con 257 votos a favor, 25 en contra y 9 abstenciones, aprobando la denuncia de impeachment contra Sara Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte. El proceso pasa ahora al Senado: si este lo confirma, Sara Duterte sería destituida del cargo y recibiría la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos, poniendo fin a su carrera política. En 2025 ya había sido sometida a impeachment con otros cargos, pero el procedimiento se había detenido tras el dictamen negativo de la Corte Suprema por motivos procesales.
En un comunicado público, el obispo Bagaforo ha subrayado: “El impeachment es un proceso constitucional y democrático concebido para garantizar que los funcionarios públicos, a quienes se les ha confiado un poder inmenso, sigan siendo responsables ante el pueblo”, añadiendo que “ningún ciudadano debe tener miedo de un proceso justo”.
Según Bagaforo, quien también es presidente de la Comisión episcopal para el diálogo interreligioso, Sara Duterte debería considerar este proceso “una oportunidad para rehabilitar su nombre ante la ciudadanía”, mientras que su rechazo “podría erosionar aún más la confianza en el gobierno, especialmente en un país desde hace tiempo afectado por acusaciones de corrupción”. El Gobierno, la sociedad civil, el poder judicial y la opinión pública, ha pedido, deberían cooperar para que “un proceso de impeachment se lleve a cabo de manera pacífica y transparente”, de modo que “la verdad salga a la luz y prevalezca la justicia”.
En esta fase de la historia de Filipinas, “está en juego el futuro de nuestra nación”, ha declarado el diputado Bienvenido Abante, pastor bautista, afirmando que el proceso gira en torno a la cuestión de “si todavía creemos que nadie está por encima de la ley”.
El caso pasa ahora al Senado, órgano de 24 miembros, de los cuales más de la mitad son considerados favorables, cercanos o aliados de la familia Duterte tras las elecciones de mitad de mandato de 2025. Para una condena se requiere el apoyo de al menos dos tercios del Senado, es decir, 16 votos.
En una declaración emitida hoy, 12 de mayo, la Conferencia Episcopal de Filipinas ha exhortado a los senadores a “cumplir con su deber constitucional procediendo con el proceso, escuchando las pruebas y decidiendo el caso sobre la base de la verdad, la justicia y el Estado de derecho”. “Hacemos este llamamiento urgente para que el proceso no sufra retrasos y el Senado sea convocado lo antes posible como tribunal de impeachment”, se lee en el texto firmado por el arzobispo Gilbert Garcera, presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas.
Los obispos advierten a los senadores contra acciones que puedan interpretarse como “una evasión de los deberes constitucionales” o como “un debilitamiento de la confianza en las instituciones democráticas durante un proceso nacional políticamente delicado”.
Los prelados filipinos exhortan a los ciudadanos a “permanecer vigilantes, seguir los acontecimientos y resistir la desinformación y las noticias falsas que rodean el caso de impeachment”. “Nuestro más profundo deseo y nuestra más ferviente oración es que se llegue a la verdad”, subrayan.
Invocando la fiesta de la Virgen de Fátima, que se celebra el 13 de mayo, los obispos han invitado a la oración por los líderes políticos y por toda la nación.
En esta controversia, señalan los observadores, se manifiesta el enfrentamiento entre las familias Duterte y Marcos: mientras ambos clanes, es decir Ferdinand Marcos Jr. y Sara Duterte, se presentaron juntos en 2022 ganando la presidencia, posteriormente ambas familias se han enfrentado políticamente. La ruptura se ha agravado tras la detención del expresidente Rodrigo Duterte, avalada por el gobierno de Marcos, en cumplimiento de una orden de la Corte Penal Internacional de La Haya por los asesinatos vinculados a la campaña antidroga de su presidencia. El proceso contra Duterte está en curso.
(PA) (Agencia Fides 12/5/2026)