ASIA/FILIPINAS - Protección de la creación y de los pueblos indígenas en la región de la Cordillera: La comunidad católica se moviliza

Abra (Agencia Fides) - La hermosa región administrativa de la Cordillera, en el norte de la isla de Luzón, corre el riesgo de ver cómo su incalculable patrimonio natural es destruido por proyectos mineros a gran escala que están causando malestar entre los pueblos indígenas, especialmente en la provincia de Abra. Esta es la alarma lanzada por la comunidad católica local, después de que la multinacional Yamang Mineral Corporation obtuviera la autorización para explorar el subsuelo con fines mineros sin el consentimiento de los pueblos indígenas locales.

En la diócesis de Bangued, que abarca la provincia de Abra, existe una profunda preocupación ante las amenazas cada vez más graves a las que se enfrenta la población local, el medio ambiente, la vida de los pueblos indígenas y la salud y los medios de vida de las comunidades. El clero, los religiosos y los catequistas se han movilizado y expresado su plena solidaridad, pidiendo la revisión del proceso de concesión de licencias que “viola la dignidad humana fundamental”. “La Iglesia en la diócesis de Bangued está unida en la defensa de la sacralidad de la creación de Dios”, reza una declaración leída durante las misas dominicales celebradas en las parroquias y firmada por el obispo Leopoldo Jaucian y otras entidades eclesiásticas que representan a la comunidad. “El desprecio por la ley y por las comunidades plantea una profunda preocupación sobre la credibilidad, el respeto y la justicia”, afirma la nota enviada a la Agencia Fides, dado que la actividad minera también pondrá en riesgo de contaminación al río Abra, cuyo curso es vital para el sustento de las comunidades locales. Se teme que las actividades mineras provoquen “contaminación, inundaciones y destrucción”, con consecuencias que se extenderían por toda la provincia.

Citando el Evangelio de Marcos, las enseñanzas de San Juan Pablo II y la encíclica Laudato Si' del Papa Francisco, la comunidad católica destaca que “la protección de la creación es un deber moral que no puede negociarse con ánimo de lucro a corto plazo”. Esto “nunca podrá superar el valor perdurable de ríos limpios, suelo fértil, comunidades sanas y una cultura vibrante”, afirma la declaración, reiterando que la Iglesia condena “cualquier acción que destruya nuestro medio ambiente”.

La carta de la Iglesia local también invoca el fallo del Tribunal Supremo en el caso Oposa v. Factoran (1993), que afirma la responsabilidad de cada generación de proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. “Si guardamos silencio, nuestros hijos y vuestros hijos sufrirán y nos exigirán cuentas por nuestras acciones”, afirma el texto, instando a los fieles “a permanecer unidos en la salvaguardia de la creación”. “Elijamos la vida, la justicia y la administración”, anima la carta que pide a la comunidad “dar testimonio de la belleza de la creación de Dios”.
La provincia de Abra, en la región de la Cordillera de la isla de Luzón, es conocida por su rica biodiversidad, cuencas hidrográficas y vastos bosques habitados por grupos étnicos, principalmente los Tinguiann, quienes viven en esas tierras desde hace más de 500 años, antes de la colonización española. En la década de 1970, comenzó un conflicto por el uso de los recursos y los medios de vida de esos pueblos.

Empresas privadas, apoyadas por el entonces presidente Ferdinand Marcos, pretendían maximizar el uso de los bosques vírgenes de Cordillera para el desarrollo económico del país mediante la deforestación masiva con el fin de obtener madera. Estos proyectos tuvieron un grave impacto en los grupos indígenas locales, quienes vivían en una economía de subsistencia a través de la agricultura, la caza en los bosques y la pesca en lagos y ríos. Estos grupos tribales tienen su propio dialecto, tradiciones culturales y sistemas de organización social y para ellos la naturaleza y el ecosistema son una parte integral de sus vidas que se habrían visto completamente alteradas. En aquellos años, la comunidad local inició una resistencia activa para defender los derechos a sus tierras ancestrales que incluso llegó a materializarse en la lucha armada. Los sacerdotes católicos locales ya se habían aliado con los Tinguiann y otros grupos tribales, denunciando la opresión y la corrupción del Estado. En 1986, con el fin de la era Marcos, aquellos planes fueron abandonados.

En los años posteriores, el problema de la deforestación siempre ha preocupado a la región de la Cordillera. Por ello, se formó la Cordillera Peoples Alliance (CPA), una red de personas y organizaciones que incluye comunidades y representantes católicos, para proteger el bosque de la región considerado un patrimonio valioso y “un hogar común” de proyectos pequeños o grandes de conversión de tierras para uso agrícola, residencial y comercial. En este contexto, la Iglesia local siempre ha reiterado que la acción cristiana incluye la oración y acciones concretas, radicadas en la compasión y el respeto por la vida.
(PA) (Agencia Fides 22/8/2025)

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