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Lahore (Agencia Fides) – Desde hace 12 años, Asif Pervaiz, cristiano pakistaní de 42 años está en prisión por presunta blasfemia y además fue condenado a muerte en 2020 por un tribunal de Lahore. El suyo es uno de los numerosos casos en los que las acusaciones resultan ser falsas y se incrimina a personas inocentes. Hoy, su familia denuncia a la Agencia Fides los retrasos de la justicia en Pakistán: «El pasado mes de abril, gracias al abogado Saif-ul-Malook, se fijó finalmente la fecha de la apelación, pero el juez la canceló inesperadamente, sin dar explicaciones», relata Waseem Anwar, hermano del condenado. El hombre, junto con la familia de Asif, ha tenido que cambiar de residencia por razones de seguridad, por temor a represalias, como ocurre frecuentemente con las familias de los acusados de blasfemia. Waseem, que trabaja en una fábrica textil al igual que su hermano, cuida también de la esposa de Asif y de sus cuatro hijos.
El incidente que involucró a Asif se remonta a 2013, en la fábrica textil donde trabajaba. Alguien tomó su teléfono móvil y envió mensajes de texto con contenido blasfemo. «Lo hicieron algunos compañeros de trabajo por envidia, celos y desprecio hacia los cristianos», explica Waseem. «Lamentablemente, en el juicio de primera instancia, el tribunal rechazó las declaraciones de Asif, que negaba las acusaciones, y lo condenó a muerte». Asif explicó también que el supervisor de la fábrica lo había instado a convertirse al islam, pero él se había negado. Muhammad Saeed Khokher, el demandante, negó haber intentado convertir a Asif. Tras la condena, la familia, con muchas dificultades, buscó apoyo para organizar el recurso de apelación, pero hasta ahora no ha sido posible iniciar un nuevo proceso.
«Los casos de falsas acusaciones de blasfemia, tras un largo proceso judicial, pueden terminar con un resultado favorable», explica a Fides el abogado católico Khalil Tahir Sandhu, que ha defendido a numerosas víctimas en los tribunales. «El problema es que los acusados, siendo inocentes, pueden pasar muchos años en prisión mientras sus familias sufren daños irreparables, sin que haya indemnización ni castigo para quienes formulan acusaciones falsas».
Entre los casos con resultado positivo, el pasado 8 de julio un tribunal de Lahore absolvió a dos jóvenes cristianos, Adil Babar y Simon Nadeem, acusados falsamente de blasfemia tras una disputa menor. Tenían 18 y 14 años respectivamente cuando fueron arrestados en 2023 y, dos años después, han obterido la absolución.
Conmocionó también el caso de Anwar Kenneth, católico de 71 años, absuelto recientemente tras haber pasado 23 años en prisión por acusaciones de blasfemia. Fue detenido en 2001 y condenado a muerte en 2002 por un tribunal de Lahore. En junio pasado, el Tribunal Supremo ordenó su absolución al reconocer su enfermedad mental.
Un informe de la ONG «Human Rights Watch», publicado en junio de 2025 y titulado «A conspiracy to grab the land» (Una conspiración para apoderarse de la tierra), afirma: «Las leyes pakistaníes sobre la blasfemia son discriminatorias, niegan la igualdad ante la ley a los no musulmanes y facilitan la violencia contra cualquiera que sea acusado de este delito. La blasfemia es un delito punible con la muerte en Pakistán y las leyes se utilizan para venganzas personales y para perseguir a miembros de comunidades religiosas minoritarias». Una simple acusación puede suponer una sentencia de muerte: en la última década, decenas de personas han sido asesinadas en actos de violencia masiva tras ser acusadas de blasfemia.
El informe señala también que las acusaciones suelen tener motivaciones económicas, como la intención de apoderarse de tierras pertenecientes a otros, y que la mayoría de las víctimas pertenecen a grupos marginados que no pueden costear una defensa adecuada. «Un prejuicio arraigado en el sistema judicial se traduce en errores y en la falta de justicia para los acusados, mientras que las autoridades casi nunca llevan ante la justicia a quienes cometen actos violentos en nombre de la blasfemia. Los acusados, generalmente sin pruebas en su contra, sufren largos periodos de prisión preventiva, carecen de juicio justo y se enfrentan a procesos que pueden significar años de encarcelamiento», concluye el informe.
(PA) (Agencia Fides 14/7/2025)
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