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Boracay (Agencia Fides) - Proteger a las comunidades indígenas Ati de la isla de Boracay - un paraíso para el turismo en Filipinas - y devolverles las tierras de las que son legítimos propietarios: esta es la petición de los obispos y movimientos católicos a la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, llamada a intervenir en la situación de las comunidades indígenas desalojadas de sus tierras ancestrales y ahora desplazadas después de que las fuerzas de seguridad privadas cercaran sus tierras, impidiéndoles el acceso y por tanto la subsistencia.
La Comisión Episcopal para los Pueblos Indígenas (ECIP) ha impugnado la disposición que anulaba los certificados de tierras alegando que "las tierras no son aptas para la agricultura". "Esos certificados", recuerda la Comisión, "fueron concedidos a los Ati por el Gobierno y son el resultado de un programa destinado a aliviar la pobreza de los sectores marginados, en particular de los pueblos indígenas", afirma el presidente de la ECIP, monseñor Valentín Dimoc. "Los Ati son los legítimos propietarios de la tierra. Residen y cultivan las tierras que les han sido asignadas, produciendo cultivos agrícolas para su sustento", afirma, pidiendo la pronta intervención de la Comisión de Derechos Humanos para restablecer la justicia y "defender los derechos de los pueblos indígenas".
El expresidente Rodrigo Duterte había concedido a los ati 3,2 hectáreas de tierra en noviembre de 2018, mediante certificados emitidos por el Departamento de Reforma Agraria. Las comunidades indígenas utilizaban las tierras para la agricultura y la ganadería. En 2023, inesperadamente, los ati recibieron una orden por la que se anulaban esos certificados sobre la base de una supuesta "inadecuación de esas tierras para la agricultura". Esto dio lugar a una disputa legal que aún continúa, a la espera de un veredicto sobre la legítima propiedad.
En esta situación, los indígenas se han visto privados de sus tierras cuando, en los últimos días, guardias de seguridad privada de promotores inmobiliarios han cercado sus tierras, que resultan tentadoras para las empresas constructoras, especialmente para su uso turístico.
"El pueblo Ati ha sido administrador de la tierra durante generaciones. La han cultivado y la han hecho productiva", reitera Mons. Jose Colin Bagaforo, presidente de Caritas Filipinas, que apoya la causa de los Ati. "Su derecho a la tierra concierne a los derechos de los pueblos indígenas: pedimos a todas las partes implicadas que los respeten", señala.
En los últimos años, representantes y movimientos eclesiásticos han seguido de cerca la cuestión. Los obispos habían pedido el apoyo de la opinión pública tras visitar las aldeas ati de la isla de Boracay en el verano de 2023. "Personas poderosas e influyentes querían que se cancelaran esos certificados", explica el obispo Dimoc. "Debemos dar a los Ati ayuda en la oración, aliento, aprecio, asistencia financiera, asistencia legal", manifiesta.
Boracay es una de las islas más conocidas del archipiélago filipino, incluida en los principales circuitos turísticos internacionales y amada por su belleza natural, sus playas y sus aguas cristalinas.
El desarrollo turístico y la rápida construcción de instalaciones de alojamiento han causado penurias a los indígenas ati, los habitantes originales de Boracay, que se han visto privados paulatinamente de sus tierras ancestrales. Los ati son un grupo étnico de Filipinas perteneciente a los negritos de las Visayas. Se concentran principalmente en las islas de Boracay, Panay y Negros.
En Filipinas, se calcula que los distintos grupos indígenas y tribales de todo el archipiélago alcanzan los 17 millones de personas.
(PA) (Agencia Fides 6/4/2024)
