AMÉRICA/MÉXICO - Reforma electoral: nadie tiene derecho a promover reformas que comprometan la fortaleza de las instituciones democráticas

Ciudad de México (Agencia Fides) - La reforma electoral propuesta por el Presidente de México, Manuel López Obrador, con el objetivo de reducir los costos del sistema político, tiene varios aspectos controvertidos que están siendo debatidos por los legisladores y están provocando un acalorado debate en el parlamento y entre los partidos y grupos políticos. Según el Presidente, la iniciativa responde a un claro reclamo de los ciudadanos mexicanos, que exigen la reducción del gasto estatal y la creación de organismos electorales que garanticen elecciones transparentes y sin posibilidad de fraude.
Entre los cambios constitucionales propuestos está la desaparición del organismo hasta ahora encargado de organizar las elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE), que sería sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), encargado de las elecciones federales, estatales y municipales. El nuevo órgano tendría 7 consejeros en lugar de los 11 actuales, que serían elegidos por votación popular.
Los Obispos de México, a través de la Conferencia Episcopal Mexicana, han expresado “un amplio reconocimiento a la importante labor realizada en la vida democrática del país” por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En particular, han destacado que se trata de “una Institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y, en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos, ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales (generales o locales) justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular”.
En el mensaje, el Presidente de la Conferencia Episcopal destaca que ambos organismos “son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil, y de todos los signos partidistas, quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México”. Desde su fundación, el primer fruto ha sido que el gobierno ha dejado de ser juez y parte en los comicios electorales, iniciando la transición a la verdadera democracia, a todos los niveles, local y nacional.
El INE es una de las instituciones consideradas más confiables por los ciudadanos, gozando de un amplio reconocimiento por parte de los mexicanos y también a nivel internacional, ya que ha motivado la participación ciudadana al garantizar la imparcialidad y legalidad electoral, ha supervisado las competencias electorales, ha promovido condiciones equitativas en las mismas y ha resuelto inconformidades y controversias en el marco de la ley, a través del Poder Judicial Electoral.
“Todas las Instituciones y las Leyes son perfectibles, todo proceso puede siempre mejorar”, afirman los obispos, que sin embargo se muestran preocupados, como muchos ciudadanos, instituciones de la sociedad civil y organizaciones políticas, por el impulso dado a una reforma constitucional en materia electoral, que “por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.
En su declaración, los obispos reiteran que ningún ciudadano, y menos aún los gobernantes, “tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano” por lo que, fieles a su tarea como Pastores de la Iglesia Católica en México, unen su voz a la de “millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos Instituciones, a través de reformar la Ley Constitucional”. Por ello, instan a los poderes ejecutivo y legislativo del Estado “a que asuman su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común” y hacen apelo “a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico”.
Y concluyen: “La defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por ello decimos junto a millones de voces: no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”.
(SL) (Agencia Fides 7/11/2022)

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