AMÉRICA/BRASIL - Denuncian la violencia de la policía contra migrantes venezolanos y trabajadores humanitarios

sábado, 20 marzo 2021 emigración   violencia   derechos humanos  

Celam

Pacaraima (Agencia Fides) - El 17 de marzo, agentes de la Policía Federal y de la Policía Civil del Estado de Roraima, actuando de forma desproporcionada, llevaron a cabo una operación en Pacaraima, ciudad fronteriza entre Brasil y Venezuela, entrando en casas sin orden judicial y desalojando a más de 70 personas, entre ellos 21 mujeres, algunas embarazadas, y 40 niños migrantes, que se alojaban en la Casa San José, un refugio gestionado por las Hermanas de San José y por la Pastoral del Migrante de la Diócesis de Roraima, así como por la Iglesia de la Asamblea de Dios de Aguas Vivas. Los responsables y trabajadores de la estructura también fueron llevados a la comisaría y se les confiscaron los teléfonos.
A raíz de este grave suceso, 121 organizaciones sociales y eclesiales han publicado una nota en la que exigen “justicia y dignidad, y que se ponga fin a la violencia”, pidiendo a las autoridades competentes que intervengan “para evitar que se repitan estos hechos o que se produzcan posteriores y gravísimas violaciones de los derechos de los migrantes y trabajadores humanitarios”.
La nota denuncia que lo que hacen los trabajadores humanitarios y los centros de acogida no es un delito sino un acto de humanidad, “para ayudar a seres humanos en situación de alta vulnerabilidad y evidente necesidad de refugio. Acoger y ayudar a quienes sufren hambre, miseria y graves violaciones de derechos es un acto de humanidad”.
Recordando al poder público sus responsabilidades en este ámbito, los firmantes subrayan que este tipo de operaciones provocan “un gran temor en la población de migrantes y refugiados, que, aterrorizados, acaban por no acudir a los servicios esenciales”.
Las organizaciones sociales y eclesiales denuncian “con indignación los reiterados ataques a los derechos de la población inmigrante”, perseguida por los cuerpos de seguridad de Roraima, estado fronterizo con Venezuela, recordando “que el acto de migrar nunca puede ser llamado ilegal, sino un derecho humano universal”. Al mismo tiempo, afirman que 
“incluso la asistencia social y humanitaria prestada a los migrantes irregulares por las organizaciones de la sociedad civil no es ilegal”, lo que debería conducir al respeto de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y de los trabajadores humanitarios.
(SL) (Agencia Fides 20/03/2021)


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