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Manila (Agencia Fides) – Organizaciones para la defensa de los derechos humanos como “Human Rights Watch” piden al nuevo Presidente Benigno Aquino reforzar el compromiso por la defensa de los derechos humanos en el país, desmantelando los aparatos y las estructuras de contrapoder que anidan en la pública administración y en el ejército. El llamamiento llega después del asesinato del tercer activista en 10 días, al día siguiente del establecimiento de Aquino: después de José Daguio y Fernando Baldomero (ver Fides 8/7/2010), el 12 de julio ha sido asesinado Masbate Mark Francisco, profesor de 27 años.
“Creo que el Presidente conoce bien estos problemas y está comenzando a enfrentarlos. Confiamos en su compromiso”, comenta a la Agencia Fides el jesuita p. Albert Alejo SJ, comprometido en la defensa de los derechos humanos sobre todo en la isla de Mindanao, donde vive. “Aquino viene de una familia que ha sufrido, en la era de la dictadura, abusos y violaciones. Los recientes casos de activistas asesinados son, en mi opinión, manotazos de fuerza vinculados a la vieja administración, que tratan de poner en dificultad al presidente ante la opinión pública. Son urgentes una investigación veloz y medidas precisas”, señala el jesuita.
“Uno de los problemas principales para el nuevo presidente es el de una reforma y una reorientación de las fuerzas armadas”, remarca el P. Alejo. Grupos de la sociedad civil han denunciado que los “escuadrones de la muerte”, que realizan homicidios con objetivos precisos, están manejados por las fuerzas armadas. “Es un sector muy importante y delicado, clave para un auténtico respeto de los derechos humanos y de la libertad de los ciudadanos. La nueva administración la ha puesto entre sus prioridades”, señala, recordando que Aquino ha iniciado la obra de renovación de los vértices de las fuerzas armadas.
En una carta abierta al nuevo presidente, “Human Rights Watch” (HRW) afirma que sobre el tema de los derechos humanos “Aquino debe mantener sus promesas y adoptar medidas inmediatas para poner fin a los homicidios extrajudiciales y reconducir a la justicia a los culpables y a los mandantes”. En numerosas provincias, señala HRW, poderosas familias utilizan milicias privadas, “frecuentemente responsables de crímenes”. El nuevo gobierno, se pide, debe reforzar los programas de protección de los testigos; abolir los ejércitos privados y los grupos paramilitares vinculados a las fuerzas armadas; instituir rígidos controles sobre los gobiernos locales, eliminando arsenales y combatiendo eficazmente el tráfico de armas, desmantelar los “escuadrones de la muerte” e investigar seriamente sobre la involucración de sectores del gobierno y del ejército en su manejo. (PA) (Agencia Fides 17/7/2010)
