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Manila (Agencia Fides) - Los primeros problemas reales para el nuevo presidente Benigno Aquino, que ha asumido la presidencia hace pocos días, no se han hecho esperar: la ejecución de dos activistas y defensores de los derechos humanos ha sacudido a la opinión pública, ha causado indignación, ha generado manifestaciones callejeras espontáneas en Manila, al grito de “Detener a los homicidas”.
El pasado 3 de julio José Daguio, un ex periodista de radio, fue asesinado a sangre fría por un hombre no identificado en Tabuk, provincia de Kalinga al norte de la isla de Luzón. Dos días más tarde fue el turno de Fernando Baldomero, asesinado ante su hijo cerca de Kalibo, en la isla de Panay (Filipinas central). Baldomero era concejal en Lezo y coordinador provincial del movimiento “Bayan Muna”, que trabajan en cuestiones sociales y por la defensa de los derechos humanos.
Según los grupos de la sociedad civil, la responsabilidad de esos actos se debe imputar a los “escuadrones de la muerte” que actúan en el país, compuestos por ex militares o de unidades paramilitares, a menudo maniobrados por el ejército y la policía, responsables de la grande lista de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Gloria Macapagal Arroyo.
Edwin Lacierda, portavoz del presidente Aquino, ha declarado que: “la familia del Presidente fue víctima de tales violaciones de los derechos humanos, por lo que no tolerará las ejecuciones extrajudiciales bajo su mandato”. Según el portavoz, los dos asesinatos pretenden poner en evidencia al nuevo gobierno, que ha respondido creando una task-force especial para investigar los crímenes e iniciando con una renovación de los líderes militares de la nación.
En el pasado junio, dos periodistas fueron asesinados por desconocidos. Las Organizaciones por el respeto de los derechos humanos han puesto de relieve la difícil situación de los asesinatos políticos, la práctica de la “justicia personal” y el clima de impunidad que reinaba en el país durante el gobierno Arroyo: en su informe anual 2010 la organización “Karapatan” ( Alianza para la mejora de los derechos del pueblo) ha señalado, durante el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre 2009, 77 ejecuciones extrajudiciales, principalmente de abogados, jueces, activistas de derechos humanos y periodistas (a los que se deben añadir los 57 muertos de la masacre de Maguindanao, que ocurrió después de la publicación del informe); 1.421 casos de amenazas e intimidaciones; 94 detenciones ilegales . En total, en ocho años del gobierno Arroyo, se han encontrado 1.118 víctimas de ejecuciones, 1.026 casos de tortura, 1946 detenciones arbitrarias, más de 30.000 agresiones y 81.000 casos de intimidación. (PA) (Agencia Fides 8/7/2010)
