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Kinshasa (Agencia Fides) - Siguen llegando noticias del sufrimiento de las poblaciones locales del este de la República Democrática del Congo causadas por violencias armadas (ver Fides 3/7/2009). El Comité de coordinación de los Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), afirmó que desde el inicio del 2009, 800 mil personas -350 mil en Kivu del norte y 450 mil en el sur- han sido obligadas a abandonar sus casas y sus aldeas. Estas movilizaciones se deben principalmente a las operaciones militares en curso contra las Fuerzas Democráticas de Liberación del Ruanda (FDLR). Son también consecuencia de los ataques y violencias perpetradas contra la población civil tanto por las mismas FDLR, como por militares de las Fuerzas Armadas del Congo (FARDC). En lo que se refiere a estas últimas, las tropas regulares de la 10ma región militar de Kivu del sur y las que participan directamente en la operación Kimia II se acusan recíprocamente de tener la responsabilidad. Según la OCHA, la falta de pago de salarios de los militares por parte del estado obligará a los soldados del Congo a continuar con las extorsiones contra las poblaciones civiles, para poder cumplir con las necesidades de sus familias.
Según cuanto afirma la asociación “Paz para el Congo”, promovida por los misionarios que operan en el país, que cita a la asociación humanitaria Cluster Santé, en Bukavu, capital de la provincia de Kivu del sur, durante el primer trimestre del 2009 han sido indicados 3.424 casos de violencia sexual, de los que 1.335 se han dado en estructuras sanitarias.
Al norte y al sur de Kivu las fuerzas armadas del Congo junto al ejército ruandés con el apoyo de los “Cascos Azules” de la misión de las Naciones Unidas (MONUC), están conduciendo una serie de operaciones militares contra las FLDR que responden con ataques contra los civiles.
Según “Paz para el Congo”, para superar este ciclo infernal de violencias, es necesario dejar de culpar como genocidas al pueblo hutu en general y a los refugiados hutu ruandeses en la RDC en particular, incluidas las FDLR como movimiento. Con esta perspectiva, se revela necesario operar una clara distinción entre civiles y grupo armado, entre refugiados hutu ruandeses en general y aquel grupo más pequeño de personas buscadas por la justicia ruandesa e internacional por su implicación en el genocidio ruandés de 1994.
Un segundo paso podría ser el de convencer las FDLR para el desarme y aceptar la deslocalización en otras zonas de la RDC indicadas por el Gobierno del Congo y por la comunidad internacional, que deberían asegurar asistencia y seguridad, concediéndoles el estatuto de refugiados. También, en una situación de diáspora, los miembros de las FDLR tendrían siempre la posibilidad de comprometerse con medios no violentos, para un cambio político de la realidad ruandesa y que en el futuro podría permitirles un retorno pacífico a su patria. (L.M.) (Agencia Fides 7/7/2009; líneas 34, palabras 503)
