Organo de informacion de las Obras Misionales Pontificias desde 1927
Pando (Agencia Fides) - Mons. Luís Casey, Vicario Apostólico de Pando, ha emitido un comunicado en el que condena los hechos de violencia cometidos a propósito de las detenciones realizadas en las localidades de El Porvenir y Cobija. Según denuncia el Obispo los testimonios de los familiares y los medios de comunicación “dan cuenta de procedimientos y actos de violencia que atropellan las libertades y derechos fundamentales de las personas”. Además ha habido allanamiento de domicilios, violencia física contra los detenidos y sus familias y agresiones a menores inocentes que hacen aún más deplorables dichos actos.
“Recordamos a las autoridades de gobierno y militares – se lee en el comunicado - que no rige ningún estado de excepción y que nada puede justificar estos procedimientos”. Recuerda además que “en el estado de derecho en vigencia son inaceptables los métodos empleados” que no respetan los derechos de la persona y su dignidad.
Por ello, el Vicario Apostólico pide a las autoridades del ministerio público “respetar la integridad física y psicológica de los detenidos, dar a conocer la lista de todas estas personas y comunicar a las familias y a la opinión pública el lugar y situación en la que se encuentran”. Así mismo realiza un fuerte llamamiento a las entidades públicas responsables, “porque estos hechos constituyen un grave antecedente de violación del marco legal vigente y de las libertades y derechos fundamentales de toda persona”.
“La Iglesia Católica denuncia estos actos por considerarlos ofensivos para todo ser humano y para Dios mismo. La dignidad humana es sagrada porque las personas somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza suya”, concluye el comunicado.
Por su parte la Conferencia Episcopal Boliviana respaldando la denuncia del Vicario Apostólico de Pando, manifiesta su rechazo a “todo atentado contra los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas”. Recuerdan que en Bolivia rigen un estado de derecho y normas legales correspondientes “para asegurar los procedimientos más adecuados en la administración de justicia” y, por tanto, “nada puede justificar los métodos empleados en estos hechos”.
La Conferencia Episcopal pide a las autoridades “garantizar la legalidad en las acciones de investigación y esclarecimiento de responsabilidades”.
Por último, manifiestan su solidaridad a los familiares de las personas detenidas deseando que se recuperen en el departamento la paz y tranquilidad a la vez que recuerdan que “la reconciliación y unidad de los pandinos deben ser fruto de un verdadero diálogo y una correcta administración de justicia y no de medidas de imposición y violencia que generan más enfrentamiento”. (RG) (Agencia Fides 19/2/2009)
