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Caracas (Agencia Fides) - Varios Obispos venezolanos se han pronunciado sobre la polémica ley de reforma del servicio de inteligencia nacional promulgada el pasado 28 de mayo, porque atenta contra el Estado de Derecho y obligaría a todos los venezolanos a actuar como delatores. Según la ley se advierte que quien se niegue a colaborar en las operaciones de inteligencia podrá ser enjuiciado por la Fiscalía.
El Arzobispo de Caracas, Card. Jorge Urosa Savino considera que dicha ley “pareciera que va en contra de derechos fundamentales consagrados en la Constitución”, y además, “también tocaría el secreto de confesión”. Según ha explicado el Purpurado, el secreto de la confesión es algo sagrado y ha sido respetado desde siempre por parte de todos los sacerdotes. “Es una obligación fundamental que tenemos nosotros de conservar el secreto de lo que se le comunica al confesor en el sagrado acto de la confesión, y eso por supuesto no puede ser vulnerado por ninguna ley”. De igual manera señaló: “nosotros no podemos transigir en un derecho que tienen los fieles a la privacidad, al secreto de lo que le dicen al confesor y hay una obligación que tiene el confesor. No podemos convertir al confesor en delator. De manera que éste es un problema que habrá que precisar bien”.
Considera además que la nueva ley “fue redactada de manera muy genérica lo cual causa preocupación dentro de Iglesia y de la población venezolana, ya que pareciera que va en contra de derechos fundamentales consagrados en la Constitución”. Además, continua el Cardenal, “las leyes no pueden restringirnos a los venezolanos en nuestros derechos, especialmente en todo lo que tenga que ver con el debido proceso como el derecho a la defensa, y con los derechos a la libertad de expresión, de disentimiento, y libertad política, ya que sería inconstitucional”
Según ha manifestado el Card. Urosa varios Obispos ya han manifestado serias preocupaciones en torno a esta ley, por ello, “en el Episcopado estamos atentos a estudiarla con mucho detenimiento porque es preciso que se respete la constitucionalidad, especialmente en campos que tienen que ver con derechos humanos, civiles y políticos de todos los venezolanos”. (RG) (Agencia Fides 10/6/2008)
