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Santiago de Chile (Agencia Fides) - El Ministerio de Salud de Chile ha impuesto una multa de 33 millones de pesos a tres cadenas de farmacias por no contar entre sus productos con la píldora abortiva. Hasta ahora los principales laboratorios chilenos se habían negado a producir la píldora por lo que debía importarse del extranjero, pero dado que desde hace cinco meses el producto está disponible en el país, el ministerio ha advertido que deben comprarlas y de no hacerlo se arriesgan a una nueva multa del doble de valor e incluso al cierre de los locales de las tres cadenas.
Mons. Fernando Chomali, Obispo Auxiliar de Santiago y miembro de la Pontificia Academia para la Vida ha afirmado en un articulo titulado “la intolerancia de los ‘tolerantes’” que “el Gobierno multa a aquellas farmacias que no venden el producto porque, según éste, conculcan el derecho que tienen las personas de acceder a él. Sin embargo, al utilizar esta píldora se conculcan otros derechos, aún más fundamentales” como son el derecho a la vida del neoconcebido, protegido por la propia Constitución; el derecho, en virtud del mismo principio de autonomía esgrimido para obligar a tenerla en las farmacias y venderla, a no vender un producto por sus características claramente perjudiciales. Y, por último, el derecho a estar adecuadamente informado del efecto real de la píldora. Además, según Mons. Fernando “obligar a una colaboración material y formal de la venta de un producto que daña la salud es claramente un acto contrario a la razón y al derecho”, y por tanto, “constituye no sólo un abuso de poder, producto de un equivocado concepto de democracia, sino que también un acto de intolerancia en nombre de la tolerancia”.
Ante esta situación numerosos grupos Provida se han movilizado afirmando que no se puede admitir que se obligue a vender un producto que es abortivo. La organización “Muévete Chile” ha lanzado una campaña para apoyar a las farmacias que se han negado a vender la píldora y han convocado a los chilenos a manifestar su respaldo a estas cadenas, recordando que con esta sanción no solo se está atentando contra la vida sino incluso contra la libertad.
Por su parte la Red de instituciones por la Vida y la Familia ha emitido un comunicado apoyando a estas farmacias en el que afirman que “con esta persecución y sanción a las farmacias se atenta directamente contra la objeción de conciencia de los profesionales. Además, atenta contra la libertad comercial, pues se está imponiendo un producto que no es necesario, urgente ni terapéutico”. (RG) (Agencia Fides 26/10/2007 Líneas: 32 Palabras: 464)
