Organo de informacion de las Obras Misionales Pontificias desde 1927
Wikipedia
Por Cosimo Graziani
Las crisis del orden internacional y el debilitamiento del multilateralismo, en los márgenes de las grandes catástrofes humanitarias, adoptan la forma de una masacre silenciosa: la de los trabajadores humanitarios.
Considerados en otro tiempo el orgullo de las agencias internacionales, en un sistema que los veía como la punta de lanza de la colaboración entre naciones para combatir el hambre, la sequía y las guerras, hoy se ven obligados a pagar un precio altísimo en vidas humanas, con un balance que, con los años, tiende a aumentar en lugar de disminuir.
En 2025, en 21 países, al menos 326 trabajadores humanitarios han sido asesinados, lo que eleva a 1.010 en apenas tres años el número de víctimas de esta guerra contra quienes llevan ayuda a la población civil.
Según las estimaciones, más de la mitad han perdido la vida entre Gaza y Cisjordania (560, para ser exactos), 130 en la guerra olvidada de Sudán, 60 en Sudán del Sur, 25 en Ucrania y otros tantos en la República Democrática del Congo.
El recuento de muertos es solo el aspecto más trágico de un fenómeno de violencia generalizada que registra al menos 600 episodios al año entre secuestros, heridas graves, arrestos y detenciones, perpetrados tanto por fuerzas irregulares presentes en los territorios en crisis como por fuerzas regulares.
A menudo, la muerte llega desde el cielo: los ataques aéreos, especialmente en Gaza, Líbano y Ucrania, son la principal causa de fallecimiento. En África, en cambio, hay que tener en cuenta sobre todo las armas ligeras en manos de fuerzas militares o paramilitares compuestas por personal poco entrenado pero muy decidido.
Los secuestros han aumentado en Sudán del Sur, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Nigeria y Sudán; pero, en general, también ha crecido el número de arrestos y detenciones de trabajadores humanitarios por parte de autoridades estatales y locales, como instrumento de presión y control sobre las organizaciones que operan sobre el terreno. Los datos hablan de 14 casos de secuestro, 145 de arrestos y detenciones policiales, y 441 de intimidaciones y acoso. Estas cifras evidencian también la erosión de la autoridad del sistema de agencias internacionales y del sistema multilateral en su conjunto.
Si los foros internacionales ya no son percibidos como un freno a la violencia, sino como simples asambleas que obstaculizan la libertad de los Estados, cada actor se siente autorizado a recurrir a métodos duros contra quienes actúan bajo su amparo. El mundo rico las está abandonando, y las consecuencias también son financieras.
El sector de la ayuda humanitaria sigue sufriendo fuertemente las consecuencias de la congelación, decidida el año pasado por Donald Trump, de casi todos los fondos destinados al desarrollo y la ayuda en zonas de crisis. Muchos programas se han visto obligados a cerrar; otros han tenido que aplicar recortes drásticos en todos los ámbitos, incluida la seguridad del personal. Además, la decisión de Washington ha reforzado la narrativa que presenta a la ONU y a las agencias internacionales como esencialmente ineficaces (e incluso corruptas), alimentando críticas y propaganda en su contra.
Por desgracia, la Organización de las Naciones Unidas, privada en gran medida del respaldo de algunos de sus miembros más influyentes, empezando por quienes ocupan un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, no puede sino mostrar una vez más su impotencia frente al uso abierto de la fuerza bruta.
La resolución 2730 de mayo de 2024 del Consejo de Seguridad (promovida por Suiza, aprobada con 14 votos a favor y una sola abstención, la de Rusia) instó a los Estados miembros a hacer respetar el derecho internacional para proteger a los trabajadores humanitarios, a realizar investigaciones independientes, rápidas y eficaces sobre las violaciones contra el personal humanitario y de la ONU, y a llevar ante la justicia a los responsables.
En 2025 se han registrado 62 ataques contra instalaciones de la ONU y 84 contra vehículos que operaban bajo su bandera. “Nos consideran un objetivo fácil y legítimo”, ha declarado Tom Fletcher, alto funcionario del Palacio de Cristal encargado de presentar la situación ante el Consejo de Seguridad.
(Agencia Fides 28/4/2026)
