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AP
Lusaka (Agencia Fides) – «Un desprecio deliberado y creciente por la Constitución, el Estado de derecho y los derechos humanos de los ciudadanos de Zambia». Así califican varias organizaciones de la sociedad civil la actuación del Gobierno zambiano en las semanas posteriores a las elecciones del 13 de agosto, en las que fue reelegido el presidente Hakainde Hichilema (véase Fides 13 y 18 agosto 2026).
En una declaración recibida por la Agencia Fides, las organizaciones, entre las que figura Caritas Zambia, explican que hicieron pública su posición «en vísperas del Día Internacional de la Democracia», que se celebra el 15 de septiembre por iniciativa de las Naciones Unidas como ocasión para reflexionar sobre el estado de la democracia en el mundo.
«Es una amarga ironía que Zambia llegue a esta jornada no celebrando la solidez de sus instituciones democráticas, sino teniendo que hacer frente a un ataque sin precedentes contra ellas», afirma el documento. «Instamos a todos los zambianos y a la comunidad internacional a celebrar el Día Internacional de la Democracia de este año reflexionando seriamente sobre los acontecimientos que se exponen a continuación y sobre sus consecuencias para el futuro de nuestro orden constitucional».
En primer lugar, las organizaciones denuncian la cancelación arbitraria de pasaportes sin el debido proceso. Los documentos de seis ciudadanos fueron cancelados mediante un anuncio publicado en la Gaceta Oficial, sin que, según la declaración, se celebrara una audiencia ni se ofreciera la posibilidad de impugnar la decisión. Entre los afectados figuran el exembajador en Etiopía Emmanuel Mwamba y el académico Sishuwa Sishuwa, además de dos ex parlamentarios”.
«En segundo lugar», prosigue la declaración, «figuran las acusaciones de alta traición y sedición contra el candidato presidencial de la oposición Brian Mundubile y su candidato a la vicepresidencia, Makebi Zulu, detenidos desde finales de agosto detenidos desde finales de agosto sin haber comparecido nunca ante un juez» (véase Fides, 26/8/2026). Algunas de estas personas habrían sido sometidas a torturas, denuncian las organizaciones de la sociedad civil.
«En tercer lugar, el aumento de episodios de secuestro de personas, ejemplificado por la detención de la diputada en ejercicio Faith Munthali».
«No consideramos estos episodios como casos aislados. En su conjunto, configuran una crisis constitucional, vulnerando las garantías relativas a la libertad de circulación, la libertad personal y el derecho a un juicio justo», afirman los firmantes de la declaración.
Por su parte, el obispo de Chipata, George Cosmas Zumaire Lungu, ha expresado en una carta pastoral «la profunda preocupación, la ansiedad y la incertidumbre sobre la dirección que está tomando nuestra nación» que experimentan «numerosos ciudadanos» a causa de los últimos acontecimientos.
El obispo de Chipata recuerda que «la Iglesia no existe para ponerse del lado de un partido político u otro, ni debe convertirse en un instrumento de oposición política. Sin embargo, tampoco puede permanecer en silencio cuando la dignidad de la persona humana, el bien común, la justicia, la paz y el Estado de derecho están gravemente amenazados».
Monseñor Lungu continúa afirmando: «La Iglesia no puede predicar la reconciliación negándose a afrontar las heridas que hacen necesaria esa reconciliación. No podemos predicar la justicia si tenemos miedo de hablar de la injusticia. No podemos predicar la paz si permanecemos en silencio mientras se debilitan las condiciones necesarias para la paz. Y no podemos hablar de manera convincente de la dignidad humana si no defendemos la dignidad y los derechos de cada persona, independientemente de su pertenencia política».
«Desde esta perspectiva, considero que un diálogo respetuoso con el Presidente y con los representantes adecuados del Gobierno podría ser un paso constructivo», concluye
(L.M.) (Agencia Fides 16/9/2026)
