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Johannesburgo (Agencia Fides) – «Nuestro país no es xenófobo ni racista, pero las leyes sobre inmigración deben respetarse y corresponde únicamente al Estado, y no a otros, hacerlas cumplir». Así pueden resumirse los conceptos expresados por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa en su discurso a la nación del 7 de junio, en el que delineó un enfoque global para la gestión de la migración que prevé nuevas restricciones para los migrantes irregulares. La medida fue adoptada por el Consejo de Ministros y aprobada por el Consejo de Coordinación Presidencial.
Ramaphosa afirmó tomar nota de las preocupaciones de los sudafricanos sobre la inmigración irregular, una cuestión agravada por las difíciles condiciones económicas en las que vive la mayor parte de la población local. «Muchos sudafricanos se hacen preguntas difíciles pero legítimas», afirma el presidente. «Se preguntan si nuestras fronteras son seguras. Están preocupados por los empleos. Los sudafricanos plantean estas cuestiones porque están preocupados por la presión sobre los servicios públicos. Están preocupados por la seguridad y el Estado de derecho». «Estas preocupaciones son reales. Merecen ser escuchadas. Merecen ser abordadas», reconoce Ramaphosa.
En los últimos meses se han registrado episodios de violencia contra inmigrantes por parte de ciudadanos sudafricanos. Una escalada de violencia que ya había sido denunciada por los obispos sudafricanos (véase Fides 21/5/2026) y que ha obligado a varios ciudadanos de otros países africanos a abandonar Sudáfrica (véase Fides 2/6/2026).
Ramaphosa subraya que es necesario «reconocer que la inmigración clandestina no es la causa de todas nuestras dificultades económicas» y que la solución a los problemas sociales y económicos de la nación «debe ser un crecimiento económico más rápido, mayores inversiones, expansión industrial, desarrollo de infraestructuras y la creación de millones de nuevos puestos de trabajo».
El presidente sudafricano reafirma asimismo que «la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de inmigración corresponde al Estado y solo al Estado», aunque admite que «ha habido fallos en la gestión de los flujos migratorios». El endurecimiento contra la inmigración clandestina prevé: intensificación de las actividades de identificación y expulsión de ciudadanos extranjeros sin documentos; sanciones económicas y penales para los empleadores que contraten trabajadores sin documentos; refuerzo de los controles fronterizos y eliminación de la corrupción en el sistema migratorio; registro biométrico para todos los residentes con el fin de combatir el robo de identidad. También se introducirán cuotas sectoriales para el empleo de trabajadores extranjeros mediante una nueva política migratoria, y se adoptará una gestión de las solicitudes de asilo en las zonas fronterizas.
En su carta pastoral «Do Not Turn Away the Stranger», del 9 de junio, Mons. Sithembele Sipuka, arzobispo de Ciudad del Cabo y presidente del South African Council of Churches (SACC, al que adhieren las principales denominaciones cristianas, incluida la Iglesia católica), acoge con satisfacción el reconocimiento del problema por parte del gobierno y su compromiso de actuar. En la carta pastoral se retoman varios temas planteados por el presidente Ramaphosa, en particular el reconocimiento de que la migración no es la principal causa de las dificultades económicas de Sudáfrica. Mons. Sipuka sostiene que las tasas de desempleo superiores al 40% no pueden atribuirse a los migrantes, sino que están vinculadas a fallos sistémicos como la corrupción, la educación inadecuada y la desigualdad económica. «Culpar al extranjero significa dejar que los verdaderos responsables escapen al control», afirma, y añade que «el crimen no tiene nacionalidad». «La respuesta al crimen es la justicia aplicada a los culpables, nunca la violencia contra los inocentes».
(L.M.) (Agencia Fides 10/6/2026)
