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Santiago de Chile (Agencia Fides) – «El derecho a los bienes sociales es anterior a la condición migratoria», ha afirmado el cardenal Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago de Chile, en relación con la declaración emitida por la Red Clamor Chile, que expresa su preocupación por un proyecto de ley destinado a limitar el acceso a las ayudas estatales para los migrantes en situación irregular.
En la nota remitida a la Agencia Fides, la Red subraya que el proyecto de ley actualmente en debate en el Parlamento impone restricciones a los derechos sociales fundamentales y podría comprometer el acceso a la sanidad, la educación y la seguridad social para las familias migrantes que residen actualmente en Chile. La declaración, firmada por la secretaria ejecutiva de la Red Clamor Chile, la hna. Gabriela Herrera, y por el obispo de San Marcos de Arica, Moisés Atisha -quien ha reiterado el compromiso de la Iglesia en la defensa de la dignidad de migrantes y refugiados-, destaca además que tales restricciones «contravienen la dignidad humana y la afirmación de la familia como núcleo de la sociedad».
Red Clamor (véase Agencia Fides 02/03/2021), que agrupa a organizaciones eclesiales comprometidas con la inclusión de migrantes y refugiados en el país en colaboración con la Conferencia Episcopal de Chile, ha señalado que valora el esfuerzo por reforzar el Estado de derecho y el funcionamiento de las instituciones. En este contexto, el organismo ha observado que «la inmensa mayoría de los migrantes quieren colaborar crecientemente en este esfuerzo que puede traer paz, orden y prosperidad cuando está al servicio de la dignidad humana y de la cohesión social».
«La exclusión no resuelve el problema de la migración, lo agrava», advierte. Muchas de estas personas han entrado en el país de manera irregular «no por desprecio de la ley sino porque debían hacerlo para proteger sus vidas y no podían hacerlo de otro modo dada la situación de sus países de origen». La organización sostiene que es posible promover políticas que garanticen la seguridad y el control de las fronteras sin vulnerar los derechos fundamentales ni menoscabar la dignidad humana y la cohesión social. Al mismo tiempo, ha propuesto abrir un diálogo transparente para poner de relieve los riesgos de la reforma. En particular, ha advertido de que la medida podría «no solo debilitar la cohesión social, sino también perjudicar la vida de los niños».
(AP) (Agencia Fides 24/3/2026)
