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Kinshasa (Agencia Fides) – Una tragedia provocada por la “explotación desenfrenada e ilegal de los recursos naturales congoleños orquestada por Ruanda y por el M23/AFC”. Así ha calificado el Ministerio de Comunicaciones y Medios de la República Democrática del Congo la muerte de más de 200 mineros -entre ellos varios menores- a causa de un derrumbe ocurrido el pasado 28 de enero en el yacimiento minero de Luwowo, en Rubaya, territorio de Masisi (Kivu Norte).
Al expresar las condolencias del Gobierno de Kinshasa, el comunicado publicado el 31 de enero recuerda que la zona minera de Rubaya fue clasificada como “zona roja” mediante decreto ministerial en febrero de 2025, medida que fue renovada en noviembre del mismo año. Esto implica que “todas las actividades de extracción y comercialización, incluida la minería artesanal, están formalmente prohibidas”, precisa el documento.
El Gobierno congoleño subraya además que la tragedia registrada este año no es un hecho aislado. “Ya en junio de 2025, más de 300 civiles murieron en circunstancias similares en la misma zona minera. Para las autoridades, estos acontecimientos reflejan un patrón recurrente en el que la población civil queda expuesta a riesgos extremos en un contexto totalmente fuera de la legalidad”.
Amplias zonas de la provincia de Kivu Norte se encuentran bajo el control de los rebeldes del M23/AFC (Alianza del Río Congo), apoyados por Ruanda. Precisamente hace un año, el 31 de enero de 2025, Goma -capital provincial del este de la RDC- fue tomada por la rebelión (véase Fides 31/1/2025).
En el sitio minero de Luwowo se extrae coltán, un mineral indispensable para la industria electrónica moderna. Las autoridades congoleñas denuncian el saqueo sistemático de los recursos mineros en los territorios nacionales que han caído en manos del M23. Solo desde la mina de Rubaya -afirma el Gobierno de Kinshasa- “se extraen cada mes entre 112 y 125 toneladas de coltán, que son transportadas a Ruanda sin una trazabilidad adecuada”.
El Ejecutivo de la RDC señala así la responsabilidad de la comunidad internacional, ya que –sostiene- “resulta evidente el fracaso de los mecanismos regionales e internacionales destinados a certificar el origen de los minerales, en particular los mecanismos de la ITSCI y de la CIRGL”. “Estos sistemas, al parecer, no han impedido la certificación y comercialización de minerales procedentes de sitios clasificados como ‘zonas rojas’”, subrayan las autoridades de Kinshasa, que denuncian además “la inconsciencia de los compradores finales y de los actores económicos internacionales” que continúan abasteciéndose a través de Ruanda.
La International Tin Supply Chain Initiative (ITSCI) es un programa de trazabilidad para los minerales de estaño, tantalio y tungsteno (los llamados 3T; el coltán es un agregado que contiene tantalio; véase Fides 1/2/2023), aplicado en la región de los Grandes Lagos: Burundi, RDC, Ruanda y Uganda. La Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) es, por su parte, la organización intergubernamental encargada de la resolución de disputas regionales.
El portavoz del AFC/M23, Lawrence Kanyuka, ha rechazado las acusaciones del Gobierno de la RDC, al que acusa de instrumentalizar la tragedia con fines políticos.
“En lugar de asumir la responsabilidad por sus fallos históricos en la gestión del sector minero, el régimen intenta explotar un trágico accidente causado por las lluvias torrenciales en las minas artesanales de Rubaya para obtener réditos políticos”, ha declarado Kanyuka.
El AFC/M23 ha subrayado finalmente que el desastre de Rubaya no guarda relación con su control de la zona, recordando que tragedias similares se han producido repetidamente en regiones bajo control del Gobierno de la República Democrática del Congo.
(L.M.) (Agencia Fides 2/2/2026)
