Johannesburgo (Agencia Fides) - "Os aplaudimos por el don de coraje y abnegación como denunciantes de la corrupción en el país". Así es como los obispos sudafricanos reunidos en la Conferencia Episcopal Católica de África Austral (SACBC, en la que también están presentes los obispos de Botswana y Eswatini), reconocen el importante papel de los informadores (conocidos con el término inglés Whistleblower, que designa una categoría jurídica precisa de un empleado de un organismo público o de una empresa que denuncia irregularidades).
"Os aseguramos nuestra solidaridad y nuestras oraciones constantes... Os aplaudimos por el don del coraje y la abnegación como informadores. Vuestro ejemplo de sacrificar el interés propio y la tranquilidad de espíritu por el bien común es algo que nuestro país necesita actualmente en abundancia", dicen los obispos de la SACBC, que piden al Departamento de Justicia "que encuentre la manera de proteger a los informadores mientras se reforman las leyes".
"Nuestra esperanza y oración es que las reformas legales propuestas sobre los informadores recientemente publicadas por el Departamento de Justicia se traduzcan pronto en acciones efectivas para una mayor seguridad y protección de los mismos".
Los informadores fueron esenciales para las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Zondo. Denominada oficialmente Comisión Oficial de Investigación sobre las denuncias de "captura del Estado" (corrupción política sistémica en la que intereses privados influyen en los procesos de toma de decisiones de un Estado), soborno y fraude en el sector público, se creó en enero de 2018, en parte a instancias de Fr. Stanislaus Muyebe, Vicario General de la Orden Dominicana de África Austral y Director de la Comisión de Justicia y Paz de la SACBC.
La investigación se centró en la relación entre el expresidente Jacob Zuma y la poderosa familia Gupta: se creía ampliamente que el expresidente había vendido puestos ministeriales de alto nivel a cambio de acuerdos y contratos empresariales muy favorables.
En diciembre de 2020, la comisión había entrevistado a 278 testigos y recopilado 159.109 páginas y un exabyte de datos como pruebas. La primera parte del informe se publicó el 4 de enero de 2022. La quinta y última parte se publicó el 22 de junio de 2022.
Además de nombrar a personas concretas que debían ser acusadas penalmente, investigadas más a fondo o sometidas a otras sanciones, el informe hacía importantes recomendaciones de reforma sistémica para mejorar y cambiar el panorama anticorrupción sudafricano.
(L.M.) (Agencia Fides 4/9/2023)
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