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Ginebra (Agencia Fides) – “La Iglesia católica ofrece un importante aporte a la asistencia sanitaria en todo el mundo – a través de las Iglesias locales, las instituciones religiosas y las iniciativas privadas, que trabajan bajo su propia responsabilidad y respetando las leyes de cada nación – con 5.378 hospitales, 18.088 dispensarios y clínicas, 521 leprosarios y 15.448 centros para ancianos, enfermos crónicos y discapacitados”: lo recordó el Arzobispo Silvano M. Tomasi, Observador permanente de la Santa Sede en la Oficina de las Naciones Unidas e Instituciones especializadas en Ginebra, en su intervención pronunciada el 8 de junio, durante el Debate General sobre el punto 3 de la 14ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. El Arzobispo se detuvo en particular en la necesidad de garantizar el acceso universal a las medicinas y a los instrumentos diagnósticos a todas las personas. Subrayó asimismo que según las informaciones que provienen de estas realidades que trabajan en el territorio, en algunas de las comunidades más pobres, aisladas y marginadas, los derechos descritos en los instrumentos internacionales “están lejos de ser asegurados”.
Uno de los principales obstáculos para la realización de estos derechos lo constituye la “falta de acceso a las medicinas a precios accesibles y a los instrumentos diagnósticos”, destacó una vez más Mons. Tomasi, quien siguió recordando que “las enfermedades de la pobreza” representan todavía el 50 por ciento de la carga de enfermedad en los países en vías de desarrollo, casi diez veces superior a el de los países desarrollados; más de 100 millones de personas cada año caen en la pobreza porque deben pagar las curas sanitarias; en los países en vías de desarrollo, los pacientes pagan los fármacos esenciales entre el 50 y el 90 por ciento; casi 2000 millones de personas están privadas del acceso a los fármacos esenciales.
“Un grupo particularmente privo del acceso a las medicinas es el de los niños – afirmó Mons. Tomasi –. Muchos fármacos esenciales no han sido producidos en formulaciones apropiadas o dosificaciones específicas para el uso pediátrico. Esta situación puede tener como consecuencia la trágica pérdida de la vida o el perpetrarse de enfermedades crónicas entre los niños más necesitados. De los 2,1 millones de niños que se calcula viven afectados por el VIH, al final del año 2008 sólo el 38% había recibido medicinas salvavidas antiretrovirales”.
El Observador permanente de la Santa Sede se ha declarado consciente de la complejidad de los aspectos relativos a la propiedad intelectual en materia de acceso a las medicinas, sin embargo ha solicitado al Consejo para que renueve su compromiso “en los esfuerzos por afirmar y tutelar el derecho a la salud, garantizando un acceso justo a los fármacos esenciales”. (SL) (Agencia Fides 09/06/2010; líneas palabras )
