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Nueva Delhi (Agencia Fides) – La revisión de una sentencia que permite la interrupción del embarazo en la semana 30 de gestación: es lo que pide la Conferencia Episcopal de la India (CBCI), que reúne a más de 300 obispos indios de tres ritos, latino, siro-malabar y siro-malankar, expresando su “profunda angustia” tras la decisión del Tribunal Supremo que autoriza la interrupción de un embarazo de un feto viable de 30 semanas. Los obispos señalan que esta evolución “plantea profundas preguntas sobre el derecho constitucional, la ética médica y el derecho fundamental a la vida del no nacido”.
La orden del Tribunal obliga al All India Institute of Medical Sciences de Nueva Delhi a interrumpir un embarazo de 30 semanas de una adolescente de 15 años, alegando motivos relacionados con la dificultad de la maternidad precoz. Esta directiva “está en claro contraste con la opinión unánime de médicos y expertos, que han afirmado que la interrupción del embarazo en esta fase avanzada no es medicalmente viable”, señalan los obispos.
La comisión médica, añade la CBCI, ha propuesto una alternativa más segura: posticipar el parto algunas semanas para permitir un nacimiento natural, lo que reduciría riesgos para la menor y aumentaría las posibilidades de un bebé sano. Además, el Estado habría expresado su disposición a asumir la responsabilidad del niño, incluyendo apoyo social y psicológico para la madre y el eventual proceso de adopción.
Los obispos subrayan que a las 30 semanas de gestación el feto es ampliamente considerado viable fuera del útero. Ordenar una intervención que pueda acabar con esa vida “plantea serias preocupaciones y viola el artículo 21 de la Constitución india, que garantiza el derecho a la vida”.
En un análisis más amplio, la CBCI afirma que la cuestión pone en tensión la autonomía personal y la protección de la vida. Aunque la autonomía del paciente es importante, “no puede extenderse hasta exigir un procedimiento médicamente contraindicado”. Añaden que las decisiones judiciales en estos casos deben basarse en evidencia científica y en la opinión de expertos.
Recuerdan además, que la Corte Suprema, como garante de los menores y de quienes no pueden proteger sus propios intereses, “tiene el deber de velar por el mejor interés del niño”. En este caso, insisten, el dictamen médico apunta claramente a un camino que protege tanto a la madre como al no nacido.
El episcopado indio invoca también el marco jurídico sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que permite procedimientos en fases avanzadas únicamente en circunstancias excepcionales, como un grave riesgo para la madre o malformaciones fetales severas. “En el caso examinado, el dictamen médico indica que la continuación del embarazo durante un breve periodo es más segura y que el feto está sano. La presente directiva, por tanto, parece ir más allá del ámbito del marco jurídico vigente”.
La orden del Tribunal, además, coloca a los médicos ante un dilema ético, “obligándolos a realizar un procedimiento que contradice su juicio profesional y sus obligaciones éticas”.
“Tal coerción -continúa la nota- podría tener un impacto negativo en la integridad de la práctica médica y en la disposición de los expertos a ofrecer dictámenes independientes en los procedimientos judiciales”.
Reconociendo las dificultades sociales y psicológicas de la maternidad precoz, los obispos afirman que estas deben equilibrarse con el riesgo físico y el derecho a la vida. La alternativa propuesta, con apoyo estatal y adopción, sería una solución “compasiva y jurídicamente válida”.
Por ello, la CBCI pide una revisión inmediata de la sentencia para proteger la vida del no nacido, los principios constitucionales y el interés superior tanto de la menor como del niño por nacer.
El padre Mathew Koyickal, vicesecretario general de la CBCI y vicario judicial de la archidiócesis de Delhi, subraya que la Iglesia acompaña pastoral, material y espiritualmente a las personas vulnerables, pero afirma que la minoría de edad de los progenitores no justifica moralmente la interrupción deliberada de una vida a las 30 semanas, calificando tal acto como gravemente inmoral.
“Autorizarla, facilitarla o realizarla es, en el juicio moral ponderado de la Iglesia, un acto de homicidio”. “La ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo de 1971 –reitera- no debe nunca interpretarse ni aplicarse como una licencia para la destrucción de una vida humana a las treinta semanas de gestación”, advierte.
“La protección del niño en el seno materno -recuerda el padre Mathew Koyickal- está claramente presente también en los textos sagrados de la tradición hindú. Por ello, permitir la eliminación de un niño de treinta semanas, completamente formado y vivo en el vientre materno, significa violar incluso los preceptos más solemnes y unánimes del patrimonio civil, filosófico y religioso de la India”.
En este contexto, el vicesecretario general de la CBCI invita a todos los ciudadanos de la India a “comprometerse en la defensa de los no nacidos, independientemente de su fe religiosa, lengua o comunidad, pidiendo a todas las instituciones del Estado el cumplimiento de su obligación constitucional y moral de proteger toda vida humana desde su concepción”.
(PA) (Agencia Fides 5/5/2026)
