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Lahore (Agencia Fides) - Sunil Masih era un muchacho cristiano de 14 años que vivía con su familia en la zona de Mandiala Warraich, en el distrito de Gujranwala, ciudad de la provincia paquistaní de Punjab. Cuatro hombres armados con pistolas lo mataron a sangre fría el 5 de febrero. Los cuatro se dieron a la fuga y hasta la fecha no han sido detenidos. Según ha informado el equipo jurídico de la ONG "The Voice", el asesinato parece una venganza, ya que en esa localidad existe desde hace tiempo un conflicto entre la comunidad musulmana y la pequeña comunidad cristiana local, unas 200 familias. Los cristianos llevan mucho tiempo sufriendo amenazas de intimidación y violencia en esa zona. La abogada Aneeqa Maria Anthony, del equipo "The Voice", está intentando ayudar a la familia de Sunil a obtener justicia por una víctima inocente.
La historia de Masih es un ejemplo de la condición de las comunidades cristianas en Pakistán, en ocasiones discriminadas, víctimas de abusos, personas que a duras penas consiguen que se haga justicia en los casos legales. El informe "Human Rights Observer 2024", publicado por el "Center for Social Justice" (CSJ), centro de estudios dirigido por el católico Peter Jacob, señala luces y sombras sobre el respeto de los derechos inalienables de la persona en Pakistán.
En primer lugar, el informe señala la presencia de episodios de violencia por motivos religiosos, como el trágico incidente ocurrido en Jaranwala el 16 de agosto de 2023, cuando 23 iglesias y unas 90 casas pertenecientes a ciudadanos cristianos fueron destruidas en un acto de violencia masiva. "La policía se encontró desprevenida para controlar un ataque que se produjo tras una campaña de incitación al odio", señala el informe. Los grupos ahmadíes, hindúes y sijs también se llevan la peor parte de esta violencia, señala el informe, que documenta 193 incidentes de este tipo en 2023. La violencia provoca "el desplazamiento de familias, lo que repercute negativamente en sus medios de subsistencia, escolarización y atención sanitaria. La violencia por motivos religiosos conduce a la marginación económica, social y cultural de varias comunidades religiosas minoritarias".
Un punto delicado sigue siendo el abuso de la "ley de blasfemia", que también fue citada como motivo en los incidentes de Jaranwala. En 2023, en Pakistán, al menos 329 personas fueron acusadas en virtud de la ley contra la blasfemia: de ellas, 247 eran musulmanes, 65 ahmadíes, 11 cristianos y un hindú (se desconoce la filiación religiosa de otras cinco personas). Aunque la mayoría de las víctimas son musulmanes chiíes, "el impacto socioeconómico sobre las minorías religiosas, como cristianos y ahmadíes, ha sido colosal, porque genera ostracismo social hacia ellos", explica el documento. Además, sólo en 2023 siete personas sospechosas de cometer blasfemia fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Otro fenómeno preocupante es el secuestro y la conversión forzosa de niñas y mujeres pertenecientes a minorías religiosas: el CSJ constató 136 casos en 2023, de los cuales 110 eran niñas hindúes y 26 cristianas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU también ha hecho recomendaciones al gobierno de Pakistán para frenar el fenómeno.
La discriminación pública, por motivos religiosos, se produce en los reglamentos penitenciarios: un reglamento de 1978, aplicable en todas las provincias, permite hasta seis meses de reducción de condena a los presos que memoricen y reciten el Corán. Otro artículo permite la remisión de un mes de la condena durante el Ramadán. Cientos de presos musulmanes se benefician cada año de esta normativa, que el legislador había hecho extensiva a los presos no musulmanes (con la memorización de otros libros sagrados). Sin embargo, los gobiernos provinciales no han aprobado oficialmente esta ampliación, privando de esta posibilidad a los presos pertenecientes a minorías religiosas.
El informe dedica luego un capítulo especial a la cuestión de la educación. Desde el censo de 1998, constatan que la tasa de alfabetización es inferior entre los niños no musulmanes. Y la brecha no se está cerrando en los niveles superiores de educación. Para abordar la cuestión de la exclusión de las minorías religiosas de las oportunidades educativas, en 2020 el Departamento de Educación Superior pidió que se reservara a las minorías una cuota del 2% en la matriculación de estudiantes en las universidades públicas, pero esto aún no se ha aplicado en muchas instituciones.
Además, en lo que respecta a la enseñanza religiosa obligatoria, en 2022 se introdujo la posibilidad -para gran satisfacción de las comunidades cristianas- de elegir la asignatura alternativa "Ética" para los alumnos no musulmanes de primaria y secundaria, que ya no están obligados a estudiar la asignatura curricular "Islamiyat" (estudios islámicos), ni a memorizar el Coran. El nuevo plan de estudios de educación religiosa ha sido aprobado para siete religiones (cristianismo, hinduismo, zoroastrismo, cultos baha'i, kalasha y budismo), pero el Ministerio ha retrasado "inexplicablemente", según se señala, la aplicación de esta medida, que debería entrar en vigor a partir del curso escolar 2025.
(PA) (Agencia Fides 3/4/2024)
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