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Roraima (Agencia Fides) - La Conferencia Eclesial de la Amazonia (CEAMA) y la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), en unión con la Iglesia de Brasil, han reafirmado su compromiso de ser aliados de los pueblos amazónicos “para denunciar los atentados contra la vida de las comunidades indígenas, los proyectos que afectan al medio ambiente, la falta de demarcación de sus territorios, así como el modelo económico de desarrollo depredador y ‘ecocida’”. En su pronunciamiento del 28 de enero confirman: “nuestra respuesta como Iglesia es la defensa de la vida, la tierra y los derechos de los pueblos”.
La declaración, firmada por los dos Presidentes, del CEAMA, Cardenal Pedro Barreto, y de la REPAM, Monseñor Rafael Cob Garcia, expresa una vez más la solidaridad y el compromiso con el pueblo Yanonami y con los que luchan por la defensa de sus territorios y de sus vidas. En particular, recuerdan los llamamientos lanzados anteriormente por la Región Norte 1 de la Conferencia Episcopal Brasileña (CNBB) y la REPAM-Brasil.
El Gobierno de Brasil declaró el 20 de enero una emergencia sanitaria de importancia nacional en la Tierra Indígena Yanomami, como consecuencia del estado de abandono que ha sufrido el pueblo indígena en los últimos años. El gobierno también anunció el envío de ayuda sanitaria y alimentaria a la región, así como la creación de dos hospitales de campaña, uno de los cuales acaba de empezar a funcionar.
Según la información recogida por la Agencia Fides, el Ministerio de Pueblos Indígenas ha informado de que al menos 570 niños yanomami han muerto en los últimos años a causa de las consecuencias de la contaminación por mercurio, la malnutrición y el hambre. Sólo en el último año han muerto 99 niños de entre 1 y 4 años. El número de niños hospitalizados ha aumentado considerablemente en las últimas semanas.
Tras la visita del nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva, a los territorios yanomami, el ministro de Justicia anunció la apertura de una investigación por posible genocidio de la población indígena, ya que existen pruebas de que se ha negado asistencia médica y alimentaria a estas poblaciones. La investigación también tocará los delitos relacionados con el medio ambiente, porque la grave situación sanitaria está relacionada con las actividades mineras en las minas ilegales de la región, la actividad clandestina que contamina los ríos y destruye la selva, y el uso indebido de fondos públicos, que se habían destinado a ayudar a estas poblaciones.
Tras la declaración de la emergencia sanitaria, los obispos de la Región Norte 1 de la Conferencia Nacional de los Obispos Brasileños (CNBB) han emitido una nota de solidaridad con la situación de la población indígena. Agradeciendo la decisión del Gobierno, se declaran “consternados y profundamente indignados, al ver las imágenes de los cuerpos esqueléticos de niños y adultos del pueblo Yanomami en el Estado de Roraima, resultado de las acciones genocidas y ‘ecocidas’ del anterior Gobierno Federal”.
Los obispos expresan su “profunda solidaridad con el pueblo yanomami, las familias que han perdido a sus hijos y adultos, y los líderes indígenas”. Se unen a los misioneros de la Iglesia de Roraima y del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) que denuncian desde hace tiempo la invasión del territorio yanomami y sus trágicas consecuencias. Apoyan las decisiones tomadas por el Presidente, varios ministros y consejeros tras visitar la región.
Los yanomami son el mayor territorio indígena de Brasil, con unos 9 millones de hectáreas, habitado por 28.000 nativos que hablan 6 lenguas, agrupados en más de 300 comunidades y grupos aislados.
(SL) (Agencia Fides 30/1/2023)