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San Salvador (Agencia Fides) - Ha creado un gran estupor la presencia en televisión del padre Antonio Rodríguez, sacerdote pasionista que trabajo en El Salvador desde hace unos 12 años: la noche del 8 de septiembre, durante un programa de televisión, leyó una declaración que se refería a las maras (bandas juveniles), tratando de hacerse mediador para iniciar un diálogo con las autoridades. El Padre Rodríguez, Español, dirige la parroquia de Mejicanos, el barrio que ha sido escenario de la masacre del autobús incendiado hace unos meses (ver Fides 30/6/2010).
En su intervención, el sacerdote ha dicho que los miembros de las maras están dispuestos a comprometerse con la sociedad para “mejorar las condiciones en las cárceles de modo que los presos pueden tener una formación profesional y pueden ayudar a sus familias”. Hace unos días, la Dirección de los Centros Carcelarios había anunciado el estado de emergencia en seis cárceles donde los detenidos se habían rebelado. “En las prisiones se pisotean muchos derechos. Ser miembro de una pandilla no es sinónimo de ser violento”, ha dicho el sacerdote.
Las bandas “18” y “Mara Salvatrucha” (MS-13) contestan la ley presentada por el Gobierno, que prohíbe “la existencia, la aceptación, el financiamiento y apoyo a grupos, asociaciones u organizaciones ilegales, llamadas Maras o escuadras de la muerte”, aumentando el tiempo de prisión (ver Fides 13/7/2010). Uno de los miembros de la banda “Mara Salvatrucha”, presentándose en un canal de televisión con la cara cubierta, ha remarcado que “el nuevo gobierno del presidente Funes ha prometido estar abierto a todos los sectores. Un par de meses atrás hizo una ronda de consultas con todos los sectores para hacer frente al problema de la violencia pero nosotros no hemos sido invitados”. También la banda del “18” ha pedido que no lleve adelante la ley aprobada, invitando a “las autoridades a un proceso transparente de diálogo con el único propósito de encontrar soluciones a la violencia”.
Estos últimos días, el 70% de las tiendas están cerradas por temor a represalias, el 80% del transporte público se ha suspendido, el ejército patrulla la ciudad y las principales autopistas. El jefe de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio, ha rechazado la invitación al diálogo, porque “no estamos dispuestos a tener conversaciones con los delincuentes”. “Las bandas saben exactamente hacia donde está dirigido este instrumento jurídico. Sin duda, no está dirigido contra los niños y adolescentes que han sido inducidos por estos delincuentes a unirse al trabajo de las bandas – ha dicho el jefe de la policía -. Es más, me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir a estos chicos que regresen a sus casas, con sus padres y de abandonar estas estructuras criminales” (CE) (Agencia Fides 9/9/2010)
