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Tegucigalpa (Agencia Fides) – “Ser emigrante es un derecho de las personas, incluso el propio Jesús, con María y San José fueron emigrantes en su propio tiempo, cuando tuvieron que marcharse a Egipto; lo hicieron por una causa justa, por una obligación, y no fueron bien vistos ni bienvenidos”, ha dicho Mons. Juan José Pineda, Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, en su homilía del domingo, 5 de septiembre, en la Catedral. El mismo día se celebraron en las diversas parroquias, el funeral de los emigrantes muertos en el estado mexicano de Tamaulipas, donde fueron ejecutadas 72 personas procedentes de América Central y Sur America (ver Fides 27/08/2010, 31/08/2010 ).
El Obispo ha expresado su solidaridad con el mundo de los emigrantes, destacando la labor de las Hermanas Escalabrinianas en Honduras, donde acogen a los deportados de Honduras: “sin esperar nada a cambio, se dan a los demás, especialmente a los emigrantes”. “En cuanto al tema de los inmigrantes – ha añadido el Obispo auxiliar - cada uno tiene su parte de responsabilidad, nadie puede ignorar esta realidad, especialmente en lo que respecta a la masacre de 72 personas en Tamaulipas”.
Mons. Pineda ha pedido a los fieles que traten de vivir en fraternidad, “ porque quién vive viendo enemigos por todas partes, vive a la defensiva, y quien vive viendo enemigos por todas partes, vive atacando a los demás, y así no se puede vivir en paz. Debemos crear un mundo de paz, donde vivir como hermanos”.
El grupo de inmigrantes hallados muertos en Tamaulipas, fue secuestrado mientras llegaba a la zona fronteriza. Por lo general las bandas de la delincuencia organizada no sólo roban el dinero que los inmigrantes traen con ellos para pagar los “impuestos” a los contrabandistas para cruzar la frontera, sino que también les piden ponerse en contacto con sus familiares en los EE.UU. para que les envíen más dinero. Hasta ahora no se ha hecho mucho para combatir esta red transnacional de extorsión, probablemente porque las víctimas a menudo no tienen documentos y por lo tanto entran en una categoría de personas ilegalmente privadas de la protección del Estado y fuera de las preocupaciones humanitarias. (CE) (Agencia Fides 7/9/2010)
