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Kinshasa (Agencia Fides) – “La Iglesia Católica de la República Democrática del Congo y la ley americana sobre los minerales del conflicto”. Es el título de la conferencia de prensa que Mons. Nicolás Djomo, Obispo de Tshumbe y Presidente de la Conferencia Episcopal Congolesa tiene hoy, 2 de agosto, en el centro interdiocesano de Kinshasa.
Luego de una exposición de la ley estadounidense, en el debate se discute sobre las consecuencias de las nuevas disposiciones tanto en el Congo como en los Estados Unidos y sobre el aporte ofrecido por la Iglesia congolesa y por la estadounidense con el fin de dar vida a una legislación para certificar que los minerales que son vendidos en los mercados internacionales no alimentan guerras al interior del África.
A finales de julio, el Congreso de los Estados Unidos votó por una nueva ley que regula las transacciones financieras. En el voluminoso texto (2,300 páginas) fue insertada una norma que impone a las empresas americanas revelar los procedimientos que pretenden adoptar para asegurar que sus productos (en particular los celulares, las computadoras portátiles y aparatos médicos) no contienen los así llamados “conflicto minerals” congoleses, osea minerales vendidos en el mercado internacional por grupos de guerrilla que desde hace 15 años siembran muerte y destrucción al este de la RDC.
Se trata de un sistema similar al “Kimberly Process”, sistema de certificación de los diamantes, dirigido a impedir el comercio internacional de las gemas provenientes de minas controladas por los grupos de guerrilla del país como Sierra Leona y la misma RDC.
Los principales minerales comerciados ilegalmente por los grupos de guerrilla que actúan en el territorio congolés son el estaño, el tungsteno y el tantalio (que se obtiene del coltán, del cual la RDC es el quinto productor mundial), empleados en la electrónica y otras industrias.
La nueva ley impone a las haciendas americanas presentar una relación anual a la Securities and Exchange Commission (el ente de control de la Bolsa) en la que se deben especificar si sus productos contienen o no estaño, tungsteno o tantalio proveniente del Congo o de países limítrofes. Si es así, deben describir las medidas adoptadas para definir el origen del mineral.
La ley no impone ninguna penalidad a las empresas que señalan no haber adoptado medidas para impedir la compra de “conflicto minerals”, pero las informaciones deben ser hechas públicas en las páginas web de las empresas. Los consumidores podrán de esta manera decidir si adquirirán productos que podrían contener minerales que financian a grupos de guerrilla que asesinan y violan a civiles del este del Congo.
Sin embargo, algunos expertos han señalado las dificultades inherentes al control del origen de estos minerales. Con frecuencia los minerales provenientes ilícitamente del Congo se mezclan con aquellos extraídos en otros países, para luego ser vendidos en los mercados internacionales. (L.M.) (Agencia Fides 2/8/2010)
