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Caracas (Agencia Fides) – En los días 20-22 de enero se llevó a cabo la reunión de los Delegados nacionales de la pastoral social con Cáritas Venezuela, en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, en Caracas. Alrededor de 60 delegados provenientes de diversas diócesis y arquidiócesis de Venezuela se reunieron para examinar diversos temas, entre los cuales la campaña “Compartir 2010”, los criterios para actuar en momentos de emergencia, la Semana por la Paz.
Al final de los trabajos se difundió un comunicado con el título “La acción social de la Iglesia católica en Venezuela”, que ha sido enviado a la Agencia Fides. La Iglesia católica en Venezuela, a través de la Cáritas, expresa los sentimientos más profundos de solidaridad a los hermanos haitianos, por el devastador terremoto del martes 12 enero, se escribe en el texto. Reza a Dios por aquellos que han perdido la vida y ofrece una palabra de esperanza a todos los heridos y afligidos. La Conferencia Episcopal de Venezuela, a través de la red Cáritas, promueve una campaña de solidaridad con los hermanos de Haití, y exhorta a todos los venezolanos a ofrecer su aporte que será enviado a la Iglesia de Haití a través de la Cáritas Haití, que está ya desarrollando un plan estratégico para ayudar a las personas afectadas por el terremoto.
La segunda parte del documento difundido al final del encuentro del 20-22 de enero, tiene como título “La Voz de Cáritas: diagnóstico de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela”. Esta parte presenta un breve reporte sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en los últimos años. Firmado por el Presidente de la Cáritas Venezuela, Mons. José Luis Azuaje Ayala, Obispo de Vigía-San Carlos del Zulia, el documento resume la situación nacional en una frase: “vivimos en un país donde no hay separación de poderes ni instituciones independientes”. El documento presenta el deterioro de la autonomía de los poderes públicos. No existe, en la práctica, el poder legislativo, no existe el poder judicial y ni siquiera el poder electoral. Las otras instituciones de los ciudadanos, como la “Fiscalía”, la “Defensoría”, la “Contraloría”, hacen todo lo que ordena el ejecutivo, y por lo tanto al final hay una sola persona que ordena quien debe ser expropiado, puesto en cárcel y licenciado de su trabajo. Esta es al final – como dice el documento – “la fragilidad institucional y del estado de derecho”. (CE) (Agencia Fides 23/01/2010)
