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Roma (Agencia Fides) – Las minorías religiosas en Malasia no sufren persecuciones, mas son discriminadas y goza de libertad limitada. La sociedad malaya tiene una gran componente de ciudadanos de etnia malay, identificados como personas que “profesan el islam, hablan el idioma nacional, y practican la cultura”. La religión islámica es profesada por el 50% de los 28 millones de ciudadanos, casi todos de etnia malay. Las minorías étnica (indios y chinos) incluyen comunidades religiosas minoritarias: cristianos (8% entre los 900 mil católicos), budistas (7%), hinduistas (7%), otros cultos tradicionales (25%), otros cultos (5%).
Quien deja la religión islámica pierde muchos de los propios derechos. El episodio del uso de la palabra “Allah” a puesto al descubierto, en la agenda política internacional, la cuestión de la discriminación y de los derechos de las minorías religiosas”.
“En Bahasa Malaysia (el idioma malay) no existe otra palabra para referirse a Dios. Existe ‘Tuhan’, que sin embargo indica una genérica divinidad cósmica, no un Dios histórico y personal. Por esto, desde las primeras traducciones, se utilizó ‘Allah’. Además el término, de derivación semítica, es comúnmente utilizado en la Biblia en árabe, difundida en los países de mayoría islámica en Medio Oriente, sin que las comunidades musulmanas hayan levantado objeción alguna. También en la cercana Indonesia (donde el idioma es muy símil, el Bahasa Indonesia) el Dios cristiano es llamado Allah”, explica a Fides el P. Paolo Nicelli, PIME, islamólogo y profundo conocedor de la realidad del Malasia. “Pareciera entonces que, con tal argumento, se quiere detener la publicación de obras cristianas y su circulación en la sociedad de Malasia, como se ha hecho con el Herald”, continúa el misionero.
P. Nicelli destaca: “En Malasia hay un equívoco jurídico: el islam es una religión de estado y la Constitución garantiza en el art. 11 la libertad de religión y el derecho a profesar el propio credo. Son previstas, sin embargo, excepciones: el estado puede controlar (y por lo tanto limitar) la propagación de otras doctrinas religiosas entre los fieles musulmanes. Y las otras religiones no pueden hacer proselitismo ante fieles islámicos”.
Las minorías religiosas entonces –prosigue el análisis del misionero- “se encuentran en una situación difícil. No son perseguidas, sino fuertemente discriminadas. Sufren una presión social y jurídica que niega igualdad de oportunidades. Los ciudadanos no musulmanes, por ejemplo, son penalizados en la carrera en la pública administración”. Además, a nivel religioso, “no pueden entrar al país misioneros desde el exterior y también las ordenaciones sacerdotales son limitadas y a número cerrado”. El proveimiento ha afectado también a los hinduistas, que han visto negados los permisos de ingreso a los ministros de culto de la liturgia, provenientes de India.
Esta praxis crea mal contento en las minorías que tienen, como último camino, la vía judiciaria. Esta sin embargo es muy tortuosa y con frecuencia inútil: “Reivindicar los propios derechos, incluso frente a los tribunales, es muy fatigoso y difícil”, afirma p. Nicelli. “El sistema jurídico constituye otro instrumento de presión: numerosas causas intentadas por cristianos y por miembros de otras religiones ante tribunales del Malasia no encuentran respuestas adecuadas al deseo de justicia. Esto sucede porque en Malasia existe un sistema jurídico ‘doble’: los tribunales civiles, con tres grados de juicio (Alta Corte, Corte de Apelo, Corte Suprema federal); y los tribunales islámicos. Los tribunales civiles se declaran incompetentes para juzgar cuestiones religiosas y reenvían los casos a las Cortes Islámicas, que valen solamente para ciudadanos musulmanes. Así se crea un círculo vicioso del que no se sale. Como sucedió con el caso de Lina Joy, mujer malay musulmana que, convertida al cristianismo, quería cambiar el propio estado religioso en su documento de identidad. Su recurso judiciario, tras largo tiempo y discusión, tuvo éxito negativo. Esta situación desalienta a los cristianos en el hacer valer sus derechos”. (PA) (Agencia Fides 13/01/2010; líneas 47, palabras 645)
