AMÉRICA/COLOMBIA - Miles de venezolanos, haitianos y ecuatorianos se enfrentan al “infierno del Darién” para escapar de la miseria y la violencia

miércoles, 23 noviembre 2022 emigración   conferencias episcopales  

Apartado (Agencia Fides) – “La comunidad migrante, que reúne a varias nacionalidades, nos ha compartido todas las vicisitudes que deben afrontar hasta llegar a Necoclí y los temores para cruzar el denominado ‘infierno del Darien’, por las situaciones de enfermedad, robos, violaciones, accidentes, y explotación por parte de quienes ven una oportunidad de grandes ganancias económicas, sin ningún control institucional local y nacional”. La dramática denuncia proviene de los Obispos representantes de las Presidencias de las Conferencias Episcopales de Venezuela y Colombia, que se han reunido los días 21 y 22 de noviembre para abordar la crisis migratoria de miles de venezolanos, haitianos y ecuatorianos, que atraviesan la peligrosa selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos. El encuentro ha tenido lugar en el marco de la campaña “En los pies del migrante”, organizada anualmente por la diócesis de Apartadó. Se trata de la segunda reunión de las Conferencias Episcopales de los dos países para abordar la crisis migratoria, tras la celebrada en octubre de 2022 en la ciudad de San Cristóbal (véase Fides 18/10/2022; 14/10/2022; 29/09/2022).
Según la información difundida por las Conferencias Episcopales de ambos países, los obispos colombianos y venezolanos se han reunido con algunas familias de migrantes en el puerto de Necoclí, en la región del Urabá antioqueño, donde llegan miles de migrantes antes de dirigirse a la frontera con Panamá. En las instalaciones de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, han escuchado sus dolorosas historias de desarraigo, las razones que los llevaron a querer establecerse en Colombia o a decidir emigrar a otros países. Los obispos también han acudido a los muelles del puerto y han repartido kits a las personas en tránsito. La acción de la Iglesia Católica es permanente en las ciudades de Necoclí y Acandí a través del trabajo diario de la Pastoral Social Nacional y de la diócesis de Apartadó, Cáritas Colombiana, la Red Clamor, las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada y las Hermanas Juanistas.
La agenda de dos días también ha incluido una reunión de los Obispos con representantes de las autoridades locales, la Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, UNICEF, OIM, ACNUR, Cruz Roja Colombiana, Mercy Corps y WORLD VISION. Los temas tratados han sido la caracterización de la última oleada de migrantes, con familias extensas que incluyen niños, adolescentes y ancianos; la trata de personas; la explotación sexual y laboral; y los niños y adolescentes migrantes no acompañados.
Conscientes de que el problema no es de una sola nación sino regional, los obispos colombianos y venezolanos se han comprometido a priorizar todas las iniciativas y proyectos de ayuda a los migrantes a través de las pastorales sociales y de Cáritas Colombia y Venezuela.
En el comunicado final emitido al término de la visita, los obispos señalan que “el flujo migratorio mixto en Urabá Darién continúa, y sigue generando retos continuos para todos los actores”. A continuación, recuerdan que los migrantes y refugiados, forzados por la pobreza, los conflictos políticos y la violencia, “se han visto obligados a salir de sus países de origen, en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades de futuro para sus familias”.
Agradeciendo a las distintas organizaciones que trabajan coordinadamente para garantizar el respeto y la dignidad humana de los inmigrantes, los obispos han lanzado un llamamiento para que "se respete el derecho a la movilidad humana, se acoja al forastero, se supere todo nacionalismo cerrado y violento, y se frenen todas las acciones xenófobas, el desprecio y el maltrato a los extranjeros”. Además, hay que acompañar a los inmigrantes por todos los medios, especialmente en el ámbito institucional, para evitar el tráfico de personas, todo tipo de violencia, la explotación... Hay que ofrecerles oportunidades de integración, como individuos y como familias. “Todos los organismos públicos deben comprometerse a promover rutas seguras que respeten los derechos humanos”.
(SL) (Agencia Fides 23/11/2022)


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