ASIA/SRI LANKA - Obispos y sacerdotes a la ONU: detened la destrucción del pueblo tamil

jueves, 21 febrero 2013

Colombo (Agencia Fides) – Un llamamiento firme a la ONU para que detenga la destrucción del pueblo tamil, que el Gobierno de Sri Lanka está realizando, y para que garantice el respeto de los derechos humanos en el país: es el contenido de una carta firmada por 132 líderes de diferentes iglesias y comunidades religiosas en el norte y este de Sri Lanka. La carta, enviada a la Agencia Fides, tiene como primera firma la del Obispo de Mannar, Mons. Rayyappu Joseph , y pide a la Comisión Onu de Derechos Humanos una intervención decidida para establecer responsabilidades y construir una verdadera reconciliación en el país.
Entre los firmantes se encuentran muchos religiosos y misioneros católicos, comprometidos en las comisiones de “Justicia y Paz”. Según la carta, continúan hoy en día “violaciones de las principales recomendaciones de la Comisión Nacional para la Reconciliación que invita a una solución política al conflicto étnico, a la liberación de los presos políticos, al nombramiento de un comisionado especial, a la indemnización de los civiles tamiles, a la liberación de tierras ocupadas ilegalmente por los militares, al derecho a conmemorar a los muertos y desaparecidos”.
Los líderes religiosos afirman que “el asesinato y la desaparición de decenas de miles de civiles tamiles y las acciones que están suprimiendo sistemáticamente al pueblo tamil y a la comunidad, a nuestra cultura, religión, idioma, parecen tener la intención de destruir la pueblo Tamil” que por eso se dirige a la comunidad internacional. Los firmantes, condenando los métodos autoritarios de gobierno, temen que “con estos métodos opresivos, que han continuado después de la guerra, nuestra identidad como pueblo será destruida” y piden una solución política que reconozca la libre autodeterminación del pueblo tamil. La carta, reiterando la responsabilidad precisa y directa del gobierno, exige una comisión internacional que investigue las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos que siguen verificándose en el país. (PA) (Agencia Fides 21/2/2013)


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