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Kinshasa (Agencia Fides) - "Estamos estupefactos ante la llegada de los militares de la EACRF, considerados como uno más de los ejércitos extranjeros en suelo congoleño contra la voluntad de los ciudadanos, y avergonzados por el paradójico apoyo del ejército ugandés, que en el territorio de Beni lleva a cabo operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas Congolesas (FARDC), mientras que en el territorio de Ruthsuru apoya a los terroristas del M23 que se enfrentan a las FARDC".
Estas pocas líneas condensan la complejidad de la situación militar y de seguridad en las provincias orientales de la República Democrática del Congo, donde actúan al menos un centenar de grupos guerrilleros, a menudo aliados con patrocinadores extranjeros.
La declaración anterior procede de las Coordinaciones de la Sociedad Civil de los Territorios de Beni y Lubero, y de las localidades de Beni y Butembo (Coordinations de la Société civile des Territoires de Beni et de Lubero, et des villes de Beni et de Butembo), en Kivu Norte. Esta provincia, junto con las de Ituri y Kivu del Sur, vive desde hace 30 años en condiciones de gran inseguridad debido a la presencia de los grupos armados antes mencionados.
La Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU (MONUSCO) está desplegada en el este de la RDC, pero ha sido duramente criticada por la población local por ser incapaz de garantizar la seguridad de los habitantes. El mandato de la MONUSCO se ha renovado hasta el 20 de diciembre de 2023, fecha en la que se celebrarán las elecciones generales congoleñas.
A los cascos azules de la ONU se han unido recientemente soldados de la Fuerza Regional de la Comunidad de África Oriental (EACRF), encargados en particular de supervisar la retirada del principal movimiento guerrillero activo en Kivu del Norte, el M23 (véase Fides 10/1/2023). Una retirada que, según las organizaciones de la sociedad civil de Kivu del Norte y Kivu del Sur, no es más que una fachada, ya que las tropas del M23 siguen ocupando varios asentamientos en los territorios de Rutshuru y Nyiragongo (incluida la parroquia católica del pueblo de Chegera) en Kivu del Norte.
Según las organizaciones de la sociedad civil congoleña, las tropas recién llegadas de la EACFR, junto con las Fuerzas Armadas Congolesas (FARDC), están jugando a un juego ambiguo al organizar las ceremonias de retirada de los combatientes del M23. Sobre todo porque este movimiento, oficialmente disuelto en 2013 y reconstituido en 2021, parece recibir apoyo de los ejércitos de Ruanda y Uganda. Este último país posee presencia militar en Kivu Norte en apoyo del ejército congoleño para luchar contra los extremistas de las ADF (Fuerzas Democráticas Aliadas), un grupo de origen ugandés, acusado del ataque del domingo 15 de enero contra la Iglesia de Cristo en el Congo (Eglise du Christ au Congo ECC) en Kasindi (véase Fides 16/1/2023). A su vez, Ruanda justifica su injerencia en el este de la RDC para defenderse de los grupos herederos del antiguo régimen, responsables del genocidio de 1994. En resumen, la presencia de grupos armados de distinto origen y naturaleza es, a menudo, un pretexto para la injerencia extranjera en un territorio rico en enormes recursos forestales y minerales. Las poblaciones locales son las que pagan el precio, que además sufren las rencillas étnicas, oportunamente alimentadas para mantenerlas divididas y en agitación.
(L.M.) (Agencia Fides 17/1/2023)
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