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Lima (Agencia Fides) - El presidente de Perú, Pedro Castillo, que había convocado nuevas elecciones y decretado el estado de emergencia, ha sido destituido por el Parlamento, que ha llamado a la vicepresidenta Dina Boluarte para sucederle, de acuerdo con la Constitución, la cual, ha jurado el cargo, convirtiéndose así en la primera mujer que dirige el país. Castillo ha sido detenido por "delitos contra el Estado y el orden constitucional". Los hechos se produjeron en pocas horas en la tarde del miércoles 7 de diciembre.
Pedro Castillo, izquierdista radical, profesor y sindicalista, había asumido la Presidencia el 28 de julio de 2021, ganando la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, derechista e hija de un ex Presidente, por unos pocos votos. Desde el inicio de su mandato, la falta de preparación de Castillo para hacer frente a la difícil situación de Perú se había puesto de manifiesto de diversas maneras. Castillo había sido acusado e investigado por varios casos de corrupción. El 7 de diciembre, antes de que se sometiera a votación la tercera moción de censura de este año por "incompetencia moral", disolvió el Parlamento, convocó nuevas elecciones y proclamó el estado de emergencia nacional, así como el toque de queda con suspensión de todas las actividades.
Los medios de comunicación internacionales, las principales autoridades peruanas y algunos ministros del propio gobierno de Castillo, que dimitieron, denunciaron un intento de golpe de Estado, al que siguió la dimisión de varios altos cargos del Estado y del ejército, que proclamaron su lealtad a la República. Al mismo tiempo comenzaron las manifestaciones y los enfrentamientos en las calles.
Al conocer estos hechos, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana calificó de "inconstitucional e ilegal" la decisión de Pedro Castillo de "disolver el Congreso de la República y establecer un gobierno excepcional de emergencia". Los obispos de Perú, en una comunicado, rechazaron "de manera enérgica y absoluta, la ruptura del orden constitucional". También afirmaron que "es derecho y deber de los pueblos y los ciudadanos defender la democracia". Citando la Constitución política vigente (nº 46), recordaron también que no se debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas violando la Constitución y sus leyes.
A continuación, los obispos instaron a las instituciones protectoras del país a "asumir plenamente sus funciones constitucionales de protección y salvaguarda de la democracia, garantizando, preservando y restableciendo el orden público y constitucional". Por último, el comunicado hace un llamamiento a "mantener la unidad nacional, la calma y poner fin a toda forma de violencia y violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos" en estos difíciles momentos.
Tras el anuncio de Castillo y unas horas de excitación, el Parlamento adelantó la sesión prevista para la votación de la moción de destitución del presidente, que se desarrolló con gran rapidez. Hubo 101 votos a favor de la moción, 6 en contra y 10 abstenciones. El Parlamento, tras la destitución de Castillo, convocó a la vicepresidenta Dina Boluarte para oficializar la sucesión, de acuerdo con la Constitución. Dina Boluarte juró su cargo durante una sesión extraordinaria del Parlamento. Miembro del partido socialista Perú Libre, abogado de 60 años, Boluarte llamó a todas las fuerzas políticas a la tregua y al diálogo, y a todos los peruanos a la unidad, para hacer frente a la difícil situación que vive el país.
La misma noche del 7 de diciembre, la policía detuvo a Castillo en la sede de la Prefectura de Lima, donde se había refugiado en compañía del ex premier Aníbal Torres. La Fiscalía de Perú informó de que se habían iniciado un proceso preliminar contra el ex presidente por los presuntos delitos de rebelión y asociación ilícita para delinquir.
Desde al menos 2016, Perú atraviesa una grave crisis política, agravada por la constante inestabilidad de líderes y grupos de poder, la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid 19 y sus consecuencias económicas y sociales. Los obispos peruanos han expresado reiteradamente su preocupación por un Perú "dividido por la mitad", haciendo un llamamiento a la unidad de todos, especialmente a la responsabilidad de los políticos, para construir un país mejor. En su “Carta al Pueblo de Dios”, publicada antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, afirmaban: “La buena política también debe atender a las necesidades más urgentes, especialmente de los más pobres y vulnerables, y debe ser capaz de unirnos, no de dividirnos” (véase Fides 26/05/2021). En el Bicentenario de la Independencia, los días 28 y 29 de julio de 2021, el Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, Arzobispo de Trujillo, difundió un video-mensaje en el que exhortaba, en primer lugar, a “defender con firmeza la institucionalidad democrática de nuestro querido Perú, a construir la paz y el desarrollo humano integral, rechazando toda forma de violencia, cualquiera sea su origen”. Renovando su compromiso con la vida, con el respeto a la dignidad de las personas, especialmente de los más pobres y vulnerables, y con las familias, Mons. Cabrejos Vidarte añadía: “¡Construyamos y no destruyamos nuestra querida patria! Conmemorando el Bicentenario de la Independencia, busquemos un nuevo comienzo, involucrando a todos, sin dejar a nadie fuera” (véase Fides 28/07/2021).
En otro mensaje de 12 puntos con fecha del agosto de 2021, el Episcopado peruano analizó de nuevo la situación del país, destacando en primer lugar la incertidumbre creada por la "extrema polarización política" que afecta a todas las esferas sociales y especialmente a la vida de los más pobres y marginados, afectando cada vez más a los valores de la convivencia humana (véase Fides 26/08/2021).
El 7 de febrero de 2022 se publicó otro llamamiento titulado "Urge la estabilidad política del Perú": la Conferencia Episcopal pedía a las autoridades del más alto nivel que "asuman seriamente sus compromisos y responsabilidades en la búsqueda de la estabilidad política y democrática y el bien común, y no por intereses particulares o ideológicos". Los obispos en esa ocasión reiteraban: "Necesitamos urgentemente una buena política y la participación de los ciudadanos en el control ético de sus autoridades... los ciudadanos exigen respeto a la institucionalidad y legitimidad política para ser gobernados". Y seguidamente lanzaban "un enérgico llamamiento a las autoridades gubernamentales para que den muestras claras de gobernabilidad" (véase Fides 8/2/2022).
El 21 de abril de 2022, los obispos lanzaron un nuevo “llamamiento urgente a los líderes políticos para que asuman la situación actual con mayor responsabilidad, dejando a un lado el egoísmo; lleguen a un consenso sobre las reformas políticas necesarias y tomen medidas radicales contra la corrupción”. “¡Señor Presidente de la República y señores parlamentarios, asuman la responsabilidad para la que fueron elegidos!”, exigían los obispos, recordando que “la democracia debe llevarnos a buscar la gobernabilidad y el bien común, así como a garantizar la libertad de expresión, la independencia de poderes y el respeto a la dignidad humana por excelencia” (véase Fides 22/4/2022).
(SL) (Agencia Fides 9/12/2022)
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