ASIA/MYANMAR - Crisis humanitaria y nueva ley restrictiva para la ayuda de las ONG

Yangon (Agencia Fides) - La crisis unitaria se apodera de Myanmar. Más de 1,4 millones de personas están desplazadas en todo el país debido al actual conflicto civil. Los enfrentamientos armados, agravados por las estrictas medidas de seguridad, las restricciones de acceso y las amenazas contra los trabajadores humanitarios, siguen obstaculizando las operaciones humanitarias en todo Myanmar, afirma la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).
Según fuentes de la Agencia Fides, hay varias regiones de la nación donde se están produciendo combates con gran sufrimiento de la población civil. En concreto, las organizaciones humanitarias esperan que un acuerdo informal de alto el fuego entre el ejército de Arakan y las fuerzas armadas de Myanmar permita prestar la ayuda necesaria en los estados de Rakhine y Chin, cuyo acceso está restringido desde septiembre. Los trabajadores humanitarios están preocupados por la nueva ley de registro de ONG, recientemente aprobada y muy restrictiva, que tendrá un impacto negativo sobre los desplazados internos. La “Ley de Registro de Organizaciones”, en vigor desde finales de noviembre, restringe el modo en que las asociaciones locales pueden trabajar con socios internacionales. Muchas ONG locales no se registrarán, ya que no quieren dar legitimidad a la junta militar por esta vía. No registrarse, sin embargo, impide la labor humanitaria y se castiga con penas de hasta cinco años de prisión y una multa de casi 2.500 euros. Dado que las agencias internacionales dependen de las ONG locales para gran parte de sus intervenciones y proyectos, será mucho más difícil prestar ayuda humanitaria de forma independiente. La junta militar ya dispone de una extensa lista de grupos de la sociedad civil definidos como "terroristas" y podría ampliarla aún más para cortar el flujo de ayuda internacional.
Mientras tanto, “la inflación de los precios de los productos básicos, incluidos los alimentos y el combustible, está exacerbando la tensión socioeconómica en las comunidades, tanto en las zonas remotas como en la ciudad”, señalan fuentes de la Agencia Fides en Myanmar. “La ayuda humanitaria actual es en gran medida insuficiente”, señalan, ya que está supeditada a que el ejército cese las hostilidades entre las milicias étnicas y las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), surgidas tras el golpe de febrero de 2021. “Los ataques frecuentes e indiscriminados, incluidos los ataques aéreos y de artillería en zonas civiles, causan víctimas y un temor generalizado entre la población civil. Los desplazamientos siguen aumentando”, afirman algunos religiosos contactados por la Agencia Fides.
Según datos de la ONU, se calcula que en un año y medio de conflicto se han destruido 31.000 propiedades civiles, como casas, iglesias, monasterios y escuelas, aunque las cifras son difíciles de verificar. El nivel de destrucción de bienes civiles, especialmente viviendas, combinado con el deterioro de la situación de seguridad, no hace sino prolongar el desplazamiento de miles de personas.
“El sufrimiento se ve exacerbado por las severas restricciones al acceso humanitario, incluso en zonas de crisis grave o para intervenciones que salvan vidas. A finales de septiembre, la ONU, las ONG y los socios locales, a pesar del entorno operativo restringido y de la financiación limitada, habían conseguido llegar a casi 3,9 millones de personas en todo Myanmar, centrándose en las zonas de difícil acceso”, afirma la OCHA. Con el nuevo marco legislativo, esta ayuda se penalizará considerablemente y en muchos casos ya no será posible, con graves repercusiones para los grupos más desfavorecidos y vulnerables.
(PA) (Agencia Fides 6/12/2022)

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