AMÉRICA/BOLIVIA - La democracia es débil, necesitamos un Defensor del Pueblo que cuente con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales

miércoles, 28 septiembre 2022 derechos humanos   política   situación social   conferencias episcopales  

Cochabamba (Agencia Fides) – “Es un sentir general de la población que la Defensoría del Pueblo, que es una institución que debe velar por el cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos de todos los bolivianos, ha ido perdiendo legitimidad y credibilidad en los últimos años por su cuestionable imparcialidad, por su silencio ante los grandes conflictos sociales en los que no se visibilizó su actuación, y por la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes y atentar contra la vida humana”. Así lo afirma el Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Boliviana en una declaración titulada “Bolivia necesita un defensor”, citando la exhortación del apóstol Pablo: "Revístanse del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad" (Ef 4,24).
La Defensoría del Pueblo es una institución creada por mandato constitucional el 30 de diciembre de 1997, mediante la Ley Nº 1818. Su función es velar por el respeto, la promoción y el cumplimiento de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, especialmente de los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, tal y como se recoge en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales. La Oficina se rige actualmente por la Ley nº 870, promulgada el 13 de diciembre de 2016.
Según noticias recogidas por la Agencia Fides, el nuevo Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, tomó posesión de su cargo ayer, 27 de septiembre, declarando en su discurso de investidura que desea recuperar la independencia y la credibilidad de esta institución. Su elección tuvo lugar en una polémica sesión del Parlamento, con un cambio en el orden del día y la ausencia de varios diputados de la oposición. El partido de la oposición ‘Creemos’ presentó una petición al Presidente del Parlamento pidiendo que se reconsiderara el nombramiento de Callisaya.
En su declaración hecha pública ayer, los obispos bolivianos recuerdan que “la elección del cargo de Defensor del Pueblo tiene que realizarse de manera consensuada y democrática, que cuente con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales del país para que sienta el respaldo y el apoyo de toda la ciudadanía”. También señalan que “Nuestra democracia es frágil, y hay que buscar afianzarla, pues estamos lejos de consolidar una democracia con cimientos fuertes y profundos. No podemos seguir alentando una democracia débil”.
En el texto reiteran que el cargo de Defensor del Pueblo “tiene una clara vocación de defensa imparcial de los derechos humanos de todos los bolivianos”, por tanto la persona designada “conviene que tenga un claro desempeño y vocación de servicio a la colectividad sin preferencias políticas”, por otra parte “si el nuevo defensor no aborda los temas centrales que aquejan Bolivia se aumentará las dudas sobre su identidad de Defensor del Pueblo”.
El Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal termina su declaración manifestando la esperanza de que el Defensor verdaderamente pueda ser “la voz del Pueblo” y se ocupe de las necesidades urgentes del pueblo de Bolivia en el marco del respeto y del bien común. “Sembremos solidaridad y diálogo, sembremos cercanía respetuosa entre todos los bolivianos, que Dios nos bendiga y nos permita seguir avanzando como Iglesia y como sociedad”.
(SL) (Agencia Fides 28/09/2022)


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