ASIA/MYANMAR - Campaña electoral bajo la sombra de la pandemia y la guerra

martes, 22 septiembre 2020 política derechos humanos minorías religiosas militares pandemia coronavirus refugiados

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Yangón (Agencia Fides) – La campaña electoral para la legislativas de Myanmar ha comenzado ya medio de un aumento exponencial de los casos de COVID-19 y el conflicto en el frente noroccidental del país. Por segunda vez, tras la votación de 2015, el país emprende consultas democráticas. Según los analistas, la Liga para la Democracia (NLD) de Aung San Suu Kyi es la favorita, pero quedan muchas incógnitas aún en el aire. En Yangón, como en otras ciudades del país, ya predomina el color rojo, símbolo de la Liga. La sombra de la pandemia, de la que el país parecía haberse librado (con solo 6 víctimas hasta el 16 de agosto), pesa sobre la consulta del 8 de noviembre. A mediados de septiembre ya se superaban los 3.600 casos y contaban con 39 víctimas mortales. Las infecciones se triplicaron en solo un mes. Pese a ello, la Comisión Electoral de la Unión rechazó las solicitudes (especialmente de la oposición) de aplazamiento de los comicios y confirmó la fecha de noviembre. El principal brote de la pandemia se da en el estado occidental de Rakhine, una zona del país que hace enfrenta otro grave problema interno, la guerra.

Rakhine y Chin llevan cerca de dos años siendo escenario de combates contra el Ejército Arakan, un grupo armado independentista no reconocido como interlocutor en el proceso de paz nacional (ver Fides del 26/8) y con el que no se negocia. Rakhine es la tierra de la minoría musulmana rohingya, expulsada del país en su mayor parte entre 2012 y 2017. Quienes se quedaron malviven en campos de refugiados con pésimas condiciones sanitarias o en aldeas bajo el control del ejército. En los últimos meses miles de rohingya de los que huyeron a Bangladesh han intentado regresar ilegalmente a sus hogares, portando el virus con ellos junto con una enorme carga del dolor. Como otros que provienen de fuera (India, Tailandia, China donde trabajan muchos birmanos) al ser interceptados, algunos de ellos resultaron positivos de forma que el gobierno incluso ha tenido que imponer de nuevo el cierre en Rakhine. Por seguridad, las medidas se han extendido y solo se salva el estado de Kayah (donde vive una importante comunidad católica), que sigue siendo la única zona del país sin contagios.

La cuestión de los rohingya también trae consigo otro problema: la representación en el Parlamento de ciudadanos musulmanes, una minoría que en Myanmar (excluyendo a los rohingya) es de unos 4 millones de personas. La liga de Suu Kyi, que en la consulta pasada no presentó ningún candidato, esta vez presenta dos en lo que constituye un paso hacia una mayor apertura con quienes no forman parte de la mayoría budista. El problema también afecta a otras minorías étnicas religiosas, como han destacado repetidamente miembros de la Iglesia católica birmana.

Se vota para renovar la Cámara Alta (House of Nationalities) y la Cámara Baja (House of Representatives) de la Asamblea de la Unión, el Parlamento bicameral de Birmania. La Cámara Baja está compuesta por 440 escaños, de los cuales 330 son elegidos y 110 designados por los militares. En cambio, la Cámara Alta se compone de 224 escaños, de los cuales 168 son elegidos y 56 designados por los militares. El sistema, que la Liga intentó cambiar sin suerte en la legislatura actual, otorga al ejército una cuarta parte de los escaños lo que le permite ejercer el derecho de veto sobre cualquier cambio constitucional, que requiere más del 75% de los votos para ser aprobado.

Los militares también dirigen el partido de la oposición más importante, el Union Solidarity and Development Party (USDP), dirigido por el ex general Than Htay. El partido promete un futuro mejor de democracia, derechos humanos y la consolidación del proceso de paz. Pero el USDP, el partido que representa a la casta militar se enfrenta a las acusaciones de la ONU y de organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch que acusan a los militares de graves violaciones de los derechos humanos. En la Corte Penal Internacional de la Haya ya hay contra ellos una causa en curso presentada por Gambia por la violación de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio.
(MG/PA) (Agencia Fides 22/90/2020)