ASIA/FILIPINAS - Iglesias, asociaciones, grupos culturales: la nueva ley antiterrorista es draconiana e inconstitucional

lunes, 6 julio 2020 sociedad civil   sociedad   ong   política   justicia   derechos humanos   iglesias locales   libertad de conciencia   libertad  

Manila (Agencia Fides) – “Filipinas se enfrenta a la crisis de Covid-19 pero, a pesar de la urgencia de la situación, la administración del presidente Rodrigo Duterte está trabajando sobre todo en la consolidación de su poder. Por el momento no hay un plan concreto para detener la propagación del coronavirus, mientras que el presidente Duterte si que ha firmado la ley antiterrorista draconiana”: lo afirma una declaración enviada a la Agencia Fides por la red “First Union” que reúne a organizaciones y líderes de comunidades religiosas, abogados, representantes sindicales, grupos humanitarios, ONG y asociaciones.
La legislación, firmada el 3 de julio por el presidente, después de la aprobación del Parlamento, entrará en vigor oficialmente 15 días después de la firma del presidente. El texto confiere poderes sin precedentes al ejecutivo. Un nuevo organismo llamado Consejo contra el Terrorismo, compuesto por altos gabinetes y oficiales militares, tendrá el poder de ordenar el arresto, el congelamiento de activos o la vigilancia de individuos y organizaciones sospechosas de ser terroristas. “El hecho de que los miembros del ejecutivo ejerzan poderes que solo el poder judicial debería tener, es una burla a la separación de poderes en virtud de la Constitución de Filipinas”, afirma el comunicado.
“Aún más aterrador - señala la red First Union – es que allana el camino al autoritarismo a gran escala, permitiendo al presidente y al gobierno deshacerse de sus rivales políticos y otros disidentes. La definición amplia de terrorismo incluye la incitación a actividades terroristas a través de discursos, escritos y pancartas. La administración de Duterte a menudo se ha referido a los políticos de la oposición, a los activistas políticos, sindicalistas y abogados de derechos humanos como ‘terroristas’ o ‘comunistas’, equiparando el activismo y la disidencia con la violencia política destinada a derrocar el gobierno. Esta legislación también permite a las autoridades arrestar a presuntos terroristas sin una orden judicial y detenerlos durante 14 días, prorrogables hasta 24 días, sin acusaciones comprobadas”.
La red condena enérgicamente la promulgación de la ley antiterrorista e invita a los filipinos de todo el país y del resto del mundo a unirse para protestar contra este intento de “dictadura introducida por la puerta del servicio” en Filipinas por el presidente Duterte.
La red de organismos cristianos llamada “Church People-Workers Solidarity" (CWS) también está de acuerdo con estas posiciones, y solicita que la ley antiterrorista sea abolida inmediatamente porque “pondrá en peligro aún más los derechos humanos del pueblo filipino”.
“Las protestas legítimas, las huelgas y otras formas de acción colectiva de los trabajadores que solo piden salarios, seguridad laboral y salud pueden ser calificadas como un acto terrorista bajo la ley antes mencionada”, señala la red CWS
“Por lo tanto, la ley antiterrorista aumentará la represión de los derechos democráticos básicos de los trabajadores, y de todos los ciudadanos, la libertad de palabra, expresión y reunión”, se lee en la nota enviada a Fides. La red señala que algunas leyes existentes ya se han utilizado para atacar los derechos de los trabajadores, en una asamblea pacífica, a pesar de la legalidad y la constitucionalidad de las acciones de protesta mencionadas.
CWS reitera que, en este momento difícil en medio de la pandemia de Covid-19, “el gobierno debe priorizar las necesidades básicas y urgentes de las personas y no una ley que reprima los derechos humanos legítimos y las libertades civiles”.
Mientras tanto, se han presentado los primeros recursos ante la Corte Suprema contra la ley antiterrorista. Varios grupos de abogados, asociaciones y ONG han anunciado apelaciones que, por un lado, piden la suspensión inmediata de los efectos de la ley, hasta que se reconozca la plena constitucionalidad; por otro lado, las peticiones solicitan su revocación total, declarándola inconstitucional. (PA) (Agencia Fides 6/7/2020)


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