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Madrid (Agencia Fides) - Representantes europeos e iberoamericanos del Instituto de Política Familiar (IPF) acudirán a la manifestación del próximo 12 de noviembre en Madrid (España) por la libertad de Educación, mostrando su apoyo y adhesión, considerando que la Ley de Educación es “regresiva e intervencionista, con visos de inconstitucionalidad en el plano jurídico y recorta los derechos de los padres y las familias”. Según D. Eduardo Hertfelder, presidente del IPF, la ley es regresiva porque “no afronta el grave problema del fracaso escolar y la degradación de la calidad de la enseñanza, sino que fomenta rebajar aún más el nivel académico”. Tiene además “visos de inconstitucionalidad ya que no solo no garantiza el derecho constitucional de los padres de como educar a sus hijos sino que lo limita con criterios arbitrarios”. Así mismo afirma que la LOE “recorta los derechos y las libertades de los padres y familias y que, además se quiere implantar con el rechazo unánime no sólo de la comunidad educativa, sino también de los padres, las familias y la sociedad en general”, señalando a este respecto que es muy preocupante que el Ejecutivo gobierne sin dialogo ni consenso con los distintos agentes sociales.
El Consejo de Laicos de Madrid ha animado a los fieles, por medio de una nota que fue leída en todas las parroquias el domingo pasado, a asistir a la manifestación convocada por diversas organizaciones educativas por una educación en libertad. “Este Proyecto de Ley no da respuesta a los problemas de la enseñanza - se lee en la nota - no atiende a la formación integral de los alumnos y olvida los valores del compromiso y el esfuerzo”. Además la ley “no respeta el derecho a la libertad de enseñanza ni el derecho de los padres a decidir la educación religiosa y moral de sus hijos”.
Luis Carbonel, presidente de CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos) principal entidad convocante de la manifestación ha afirmado que se está llamando a toda la sociedad a participar para exigir calidad educativa para todos, asegurando que la ley entre otras cosas no garantiza la elección del centro por parte de los padres, obstaculiza el derecho a la libertad de educación y a elegir la formación religiosa que los padres deseen para sus hijos. Además con esta ley “la enseñanza de religión quedaría marginada y se impone por el contrario como obligatoria la “Educación para la ciudadanía” que no es otra cosa que adoctrinamiento en la moral laica del Estado”. “Los poderes públicos- afirma Luis Carbonel - no tienen derecho a educar a los ciudadanos sino que deben asegurar la libertad de los padres para decidir sobre esta cuestión sin otros límites que los constitucionales”. (RG) (Agencia Fides 8/11/2005 Líneas: 34 palabras: 495)
