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Colombo (Agencia Fides) - Es un desafío de civilización, en defensa de las libertades fundamentales del hombre, el que está realizando en los últimos dos años la Conferencia Episcopal de Sri Lanka, respecto a las leyes de conversión religiosas, sobre el que el Parlamento de la isla deberá pronunciarse.
Después de un largo trayecto de agresiones de grupos fundamentalistas budistas, promotores de la campaña "anti-conversiones" a nivel político y social, la cuestión se ha planteado de nuevo como consecuencia del grave accidente ocurrido el sábado 16 de julio: un grupo de fanáticos budistas saquearon y destruyeron la iglesia católica de "Holy Cross" en Pulasthigama, en la diócesis de Anuradhapura, sembrando el terror en la comunidad católica local.
Los Obispos católicos recordaron las raíces de este problema, que hicieron madurar en la comunidad budista, mayoritaria en Sri Lanka, la determinación de un proyecto de ley "anti-conversiones". En los últimos treinta años ha habido en el país una proliferación de sectas cristianas de denominación protestante que han irritado a la mayoría de la población que es budista. Así, en oposición a este fenómeno, ha crecido el fundamentalismo budista. En la actualidad grupos extremistas budistas acusan a todos los cristianos, sin distinciones, de hacer proselitismo y de convertir a personas con medios ilícitos. El pasado año, fueron elegidos en el Parlamento nueve monjes budistas, precisamente para apoyar una legislación contra las conversiones no éticas.
En el pasado 2004 se propuso en el Parlamento, por iniciativa de un grupo restringido de parlamentarios, un "Documento anti-conversiones" que suscitó la preocupación de todos los líderes cristianos. Gracias a la ayuda de eminentes abogados, las Iglesias cristianas recurrieron al Tribunal Supremo, denunciando su inconstitucionalidad. La Corte acogió el recurso, afirmando que algunas cláusulas contravienen la Constitución y van contra las libertades fundamentales y los derechos humanos. Si estas cláusulas no se eliminan, se necesitaría una mayoría de dos tercios en el Parlamento y un referéndum popular para aprobar el Documento, porque significaría modificar la Constitución.
Actualmente la libertad religiosa en Sri Lanka está amenazada por dos proyectos de ley, que esperan el examen del Parlamento: el “Bill on Prohibition of Forcible Conversion" y el "Act for the Protection of Religious Freedom."
El “Bill on Prohibition of Forcible Conversion", propuesto por el Jathika Hela Urumaya (JHU), partido compuesto por monjes budistas, es el documento presentado en el 2004. Prevé que todo individuo debe informar su conversión a las autoridades locales dentro de un período establecido y que "nadie se convertirá o tratará de convertir a personas de una religión a otra a la fuerza o con medios fraudulentos". Para quien quebranta la ley la pena puede llegar hasta 7 años de prisión y a una multa de 500.000 rupias (más de 5.000 dólares).
Otra ley está en espera de ser examinada por el Parlamento: "Act for the Protection of Religious Freedom". Propuesta por el Ministro de Asuntos budistas, Ratnasiri Wickremanayake, el proyecto de ley intenta prohibir todo tipo de conversión. La pena prevista es de 7 años de detención y una ingente multa. La ley, además, instituye un sistema judicial independiente controlado por monjes budistas, el "Sanghadhikarana" (Corte budista) que debería juzgar las causas presentadas de los habitantes de las aldeas sin hacer referencia a la policía o a tribunales estatales.
Los Obispos afirman estar ellos también fuertemente en contra de las "conversiones no ética", condenan los medios fraudulentos y a quienes hacen proselitismo con el engaño o el dinero. Pero por otro lado, recuerdan que la conversión auténtica concierne a la relación entre el hombre y Dios y que ninguna ley puede ir contra la suprema libertad de conciencia.
La Iglesia cree que estos problemas no se solucionan por medio de una ley que restringe las libertades sino con el diálogo y aplicando las leyes existentes. Los Obispos han propuesto por ello, instituir un Consejo interreligioso, nombrado por el Parlamento, para examinar la cuestión. La propuesta también es apoyada por la más importante Comisión Budista de Sri Lanka.
Según fuentes de Fides en la Iglesia local, por medio de esta ley, el gobierno está tratando de ganarse el favor de la mayoría budista. El voto en el Parlamento es patente, por lo tanto, si se llega a votar, es sumamente probable que sea aprobado.
La ley del estado prevé un tiempo de siete días, desde el momento en que se introduce la medida en la agenda de trabajo parlamentario, para poder presentar recurso al Tribunal Supremo. La Iglesia ceilandesa refiere a Fides que quiere servirse de esta posibilidad.
También el Papa Benedicto XVI, en la reciente visita ad limina de los Obispos de Sri Lanka, el pasado mayo, expresó su preocupación por la ley anticonversión. (PA) (Agencia Fides 21/07/2005 Líneas: 60 Palabras: 816)
