Organo de informacion de las Obras Misionales Pontificias desde 1927
Johannesburgo (Agencia Fides) - “Tomamos nota con consternación del informe del ministro de Policía, Nathi Nhleko, publicado la semana pasada, según la cual el presidente Zuma no es responsable de las mejoras, no relacionadas con la seguridad, en su residencia privada en Nkandla”, se lee en una nota de la Comisión Episcopal “Justicia y Paz”, enviada a la Agencia Fides, sobre la controversia derivada de los trabajos, pagados con fondos del Estado, en la residencia privada del Presidente Jacob Zuma (véase Fides 4/4/2015).
La controversia está relacionada con el hecho de que, además de los costes para fortalecer las medidas de seguridad de la villa, el Estado ha asumido los gastos de “mejoras”, como una piscina y un anfiteatro. La semana pasada, el ministro de Policía Nathi Nhleko dijo que estos gastos son legítimos y que el Presidente no está obligado a hacerse cargo. Las conclusiones de Nhleko están en contraste con las del Defensor del Pueblo (una institución independiente que tiene la tarea de vigilar la conducta de los funcionarios públicos) que ha pedido al Presidente el reembolso de dichos gastos al Estado.
“Hay varias cuestiones legales y constitucionales que se han puesto en discusión en relación al informe del Defensor del Pueblo”, afirma “Justicia y Paz”. “Como iglesia, nuestro papel es recordar a los líderes su responsabilidad ética. Queremos recordar a nuestros líderes políticos que mientras millones de nuestros conciudadanos están luchando para llegar a fin de mes, es moralmente inadmisible que el gobierno gaste una cantidad excesiva, 246 millones de rands (20 millones de dólares, aproximadamente), en una persona y en cosas que no están relacionada con la seguridad”.
“Justicia y Paz” pide al presidente Zuma que “demuestre un liderazgo ético y asuma la responsabilidad de algunos de los gastos efectuados en la residencia de Nkandla”. “Lanzamos un fuerte apelo para que el Gobierno se asegure de que la historia de Nkandla no disminuya la capacidad del Defensor del Pueblo de luchar contra la corrupción”, concluye el mensaje. (L.M.) (Agencia Fides 3/6/2015)
