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2014-06-13

AMERICA/PERU - Denuncia del obispo de Puerto Maldonado por la intervención violenta de la policía contra los mineros

Madre de Dios (Agencia Fides) – El obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, Su Exc. Mons. Francisco González Hernández, O.P., y el sacerdote Pablo Zavala Martinez, que realiza su labor eclesiástica en comunidades de la provincia del Manu en Madre de Dios, se han presentado el martes 11 de junio en el Congreso de la República para pedir que el gobierno cese las operaciones de interdicción en la región, que están generando destrucción y muerte.
El gobierno peruano ha hecho propuestas para combatir la minería ilegal y de los pequeños mineros que actúan por su cuenta, sin permisos, que ha aumentado mucho en los últimos tiempos en la zona con graves daños ambientales, con el cierre de decenas de tiendas que ofrecen sus servicios a cuantos trabajan ilegalmente, muchas de las cuales están a cargo de las mismas familias de los mineros. El jefe de esta acción de gobierno, Daniel Urresti, anunció que dentro de un mes más de 200 tiendas se cerrarán porque no tienen permisos, y “si los propietarios de estos negocios no acatan la orden, sus locales serán demolidos”. Se trata de bares, restaurantes, farmacias y talleres. Las medidas del gobierno son ejecutadas por el ejército y la policía nacional que a menudo hacen uso de la violencia.
La nota enviada a la Agencia Fides por una fuente local, refiere las palabras del obispo: “Vengo a denunciar para que esto no se dé más. Estamos ante un  Estado que está cometiendo terror y acoso a una población que hoy está inerte, sin patrimonio, sin nada; temerosa y controlada por todos lugares. En nombre de Dios pido que todo esto sea detenido”.
El obispo ha explicado a los periodistas presentes en el momento de su llegada al Congreso que durante las operaciones de interdicción en Madre de Dios, se han destruido no solo los negocios sino también las casas y todo el patrimonio de los mineros pobres. Ha subrayado que si los mineros cometieron un delito, deben ser juzgados, pero nadie puede implantar un estado de terror, una invasión policial-militar que consiste en destruir absolutamente todo.
El sacerdote Zavala Martínez ha precisado que si bien la minería, tal como se desarrolla en Madre de Dios, no está bien concebida, nadie que les ha enseñado “el camino correcto”. “El problema ahora no es sólo de la actividad minera sino de todo el pueblo – ha explicado -, se ha convertido en un problema de la vida de la población, de las personas. Se ha creado una situación tan difícil que cualquier día podría estallar”. (CE) (Agencia Fides, 13/06/2014)

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