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Hanoi (Agencia Fides) – La revisión de la Constitución de 1992 y otras medidas importantes sobre temas como la corrupción y el desarrollo socio-económico se encuentran en el centro de la sexta sesión del Parlamento de Vietnam, que comenzó ayer en Hanoi. Según la información de la Agencia Fides, entre las medidas legislativas que serán puestas a examen por la Asamblea Nacional, están las leyes sobre la posesión de la tierra, los derechos laborales, la protección del medio ambiente, la lucha contra el despilfarro y la corrupción, y una serie de medidas de intervención en materia socio-económica del país. Lo más importante, según fuentes de Fides, es el informe sobre la ejecución del plan para el desarrollo socio-económico en 2013 y el desarrollo del nuevo plan para el 2014 y 2015.
Otro pasaje central será el tema de la prevención y la lucha contra la corrupción: el boceto del proyecto propone asignar al Parlamento un poder mayor de control y vigilancia. La sesión de trabajo parlamentario se retransmite durante 22 días en directo en el canal de televisión estatal.
La Iglesia Católica, dicen fuentes de Fides, tiene los “oídos atentos”, a la evaluación de la labor del Parlamento vietnamita. En los últimos años, de hecho, la Iglesia ha realizado una crítica detallada y franca de la corrupción como un mal que aqueja y paraliza la sociedad, como lo señala la intervención del vietnamita franciscano p. Nguyen Hong Giao, publicada en el sitio web de la Conferencia Episcopal de Vietnam.
El problema de la corrupción en la administración pública - según los observadores – repercute directamente en las comunidades religiosas: en fase de transición económica (de una economía centralizada a una economía de mercado), de hecho, ocurre que los dirigentes del Partido Comunista a veces buscan comprar la propiedad personal de edificios que fueron expropiados a las iglesias, a las comunidades budistas y a otras religiones. Sin embargo, la legislación vigente prevé que este tipo de edificios o terrenos sean devueltos a sus comunidades, cuando ya no son utilizados por el Estado. Los funcionarios públicos se apropian de dichos bienes para revenderlos en el mercado inmobiliario y obtener beneficios. Las Iglesias y otras comunidades reclaman estas propiedades y esto crea descontento y conflictos. (PA) (Agencia Fides 22/10/2013)
