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Manila (Agencia Fides) - La Conferencia Episcopal de Filipinas ha dirigido un fuerte llamamiento a la presidenta Gloria Macapagal Arroyo para la abolición de la pena capital. Con ocasión de la Jornada Mundial contra la Pena de muerte, el 11 de octubre, los Obispos han pedido explícitamente la abrogación de la Ley n. 7659, conocida como “Ley sobre la Pena de muerte” y la adopción de una nueva ley que prevea penas alternativas.
Los Obispos insisten en el hecho de que el gobierno debería tener en cuenta que el objetivo de la detención es rehabilitar a un ciudadano que ha quebrantado la ley y reinsertarlo en la sociedad, y piden una estrategia alternativa que elimine la pena de muerte, definida como "el peor mal de todos".
Escriben los Obispos en el llamamiento enviado a la Agencia Fides: "Creemos que es necesario dar, a quien quebranta la ley, una oportunidad de arrepentirse, de rehabilitarse, aunque ciertamente pagando por el crimen cometido. Pero mientras un preso está en la cárcel, puede trabajar y el dinero ganado podría ser utilizado para indemnizar a las víctimas y sus familias. A la vez, los presos tendrán una posibilidad de cambiar de vida, quizás arrepentirse de sus acciones y reconciliarse con las víctimas o sus familias".
La Conferencia Episcopal señala que la abolición de la pena de muerte también evitaría la ejecución de inocentes que pudieran ser condenados por errores judiciales: "Por esto, suplicamos al Presidente que escuche el llamamiento de otros países del mundo, que han abolido la pena de muerte, para que practique una vez más su discernimiento y favorezca, en vez de la pena de muerte, una pena alternativa, ya propuesta por algunos miembros del Congreso, y suspenda todas las ejecuciones".
El 5 de diciembre del 2003, la presidenta Gloria Arroyo revocó la moratoria sobre las ejecuciones capitales en el país. La medida - explicó Arroyo - se debió al crecimiento en el país de los robos y secuestros para realizar extorsiones.
En 1987, la entonces presidenta de Filipinas Corazón Aquino, abolió la pena de muerte, en vigor bajo la dictadura de Fernando Marcos. La pena capital entró de nuevo en 1994 por el presidente Ramos, preocupado por la criminalidad creciente. En el 2000, Año del Jubileo, bajo la presión de numerosas organizaciones en defensa de los derechos humanos y de la Iglesia, el gobierno congeló las ejecuciones promulgando una moratoria a tiempo indeterminado, que duró hasta al 2003.
La Iglesia católica, a través de sus representantes a nivel local y nacional, sigue pidiendo la abolición de la pena de muerte, sustentando que esta no funciona para frenar la criminalidad. (PA) (Agencia Fides 11/10/2004 Líneas: 35 Palabras: 455)
