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Phuket (Agencia Fides) - El uno de enero que acaba de pasar, cerca de Bon Island, provincia de Phuket, las autoridades tailandesas han interceptado una embarcación con 73 refugiados y solicitantes de asilo Rohingya, entre los cuales hay 20 niños, algunos de tan sólo 3 años de edad. Después de proporcionarles alimentos, agua y otros servicios, como combustible para el barco, las autoridades habían previsto inicialmente mandar el barco a Malasia, hacia la isla de Langkawi. Pero cuando han advertido que el barco estaba desvencijado y lleno de grietas y que muchos de los pasajeros estaban demasiado débiles para hacer un viaje tan agotador, han decidido hacer desembarcar al grupo a la oficina de inmigración de Phuket.
El 2 de enero, dos camiones con 73 Rohingya a bordo han sido enviados a la provincia de Ranong para ser deportados a Birmania. Según fuentes humanitarias, para limitar este fenómeno, el gobierno tailandés debe parar inmediatamente la deportación de estos refugiados. Las autoridades deben permitir al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el libre acceso a estos refugiados y a otros del estado de Arakan en Birmania y determinar si son solicitantes de asilo y si cumplen os requisitos para obtener la condición de refugiados.
“El gobierno tailandés debe abolir la política inhumana de deportación sumaria de los Rohingya, brutalmente perseguidos en Birmania, y respetar su derecho a solicitar asilo”, se lee en una nota del director para Asia de Human Rights Watch (HRW). Cada año, cientos de miles de Rohingya en el estado de Arakan huyen de la represión de los militares birmanos y de la miseria. La situación se ha deteriorado de manera significativa a finales del 2012.
Además de los recién llegados a la provincia de Phuket se esperan nuevas llegadas de Birmania. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo víctima de la persecución tiene derecho a solicitar asilo. Aunque Tailandia no ha firmado la Convención sobre los Refugiados de 1951, el país tiene la obligación de no devolver a nadie que se encuentre en situación de peligro.
La organización HRW sostiene que el gobierno tailandés debe garantizar leyes que tutelen a la etnia Rohingya. Un control por parte de UNHCR de todas las barcas que llegan ayudaría al gobierno a establecer quién tiene el estatus de refugiado. Es fundamental para la tutela de los refugiados y el gobierno debería aceptarlo y detener la expatriación forzada de estos boat people. (AP (3/1/2013 Agencia Fides)
